El Govern Bauzá se ha llevado un jarro de agua fría al haber manifestado el Gobierno central su discrepancia con el impuesto sobre la compraventa de coches usados que aplica el Ejecutivo autonómico desde el pasado primero de enero. Aunque esta medida guste a los empresarios del sector, lo evidente es que la compraventa de vehículos entre particulares ha sufrido un duro golpe. Estamos ante una intromisión de la institución autonómica ante una actividad económica de los particulares, preservada por la Constitución. Pero, como es sabido, el autogobierno estaba y está necesitado de sacar dinero de donde sea. Esta es la cruda realidad.
El Govern Bauzá ha reaccionado con disgusto ante el desacuerdo expresado por Madrid. Habla de deslealtad institucional ya que el Consolat cruzó el Rubicón sólo después de contar con informes favorables por parte del Ministerio. Pero no hay que engañarse: por encima de tecnicismos se encuentra la capacidad política de ver los límites a partir de los cuales no se puede seguir estrujando al contribuyente. Balears es la única autonomía que paga este impuesto. También es la que paga la gasolina más cara de todo el Estado. Ya es muy doloroso tener que soportar los costes de la insularidad en época de crisis para que encima desde el propio autogobierno se incrementen las tasas y cargas sobre los ciudadanos.
Después de lo que ha dicho Madrid respecto a este impuesto, lo más lógico es que el Govern lo retirase. El problema es que ya se ha recaudado mucho dinero en estos cuatro primeros meses del año que deberían ser devueltos. Las arcas autonómicas no están en condiciones de ponerse a retornar dinero aunque éste haya sido recaudado a partir de un impuesto de legalidad y oportunidad más que dudosas. Lo más probable es que el Consolat se mantenga en sus trece y que este tributo siga en vigor, aunque genere impopularidad y malestar.
Al fin y al cabo el Ejecutivo Bauzá está acostumbrado a tomar medidas impopulares. Ha demostrado en estos tres últimos años que no le tiembla el pulso a la hora de asumir decisiones que han generado indignación o protestas. Ahora ha de seguir adelante. Además, a Madrid no le gustará este tributo, pero han sido las imposiciones de Moncloa las que han forzado al Consolat a emprender acciones durísimas para reducir el déficit autonómico al precio que sea. Este impuesto es un claro ejemplo de ello. Los sacrificios han sido mucho más grandes para las autonomías que para la Administración central en los últimos ejercicios. Y en Balears, aún más que en otros sitios. No es extraño que el Govern esté indignado con Madrid por este papelón del impuesto sobre los vehículos usados. Madrid ha llorado, ¿pero son cínicas lágrimas de cocodrilo?