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Hundidos por las multas de Cort

miércoles 22 de marzo de 2023, 00:00h

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Cientos de ciudadanos de Palma se han organizado en una plataforma de afectados por las multas de tráfico que les impuso el Ayuntamiento y que nunca les fueron notificadas en tiempo y forma. La plataforma pide la retroacción de los expedientes, pero Cort ya anunció en octubre pasado -cuando estalló el escándalo al hallarse miles de multas sin notificar tiradas en vertederos y torrentes- que no iba a anular indiscriminadamente ninguna sanción. Mientras se prolonga el proceso, los titulares de los vehículos sancionados ven cómo se encarecen las cuantías de las multas originales hasta el punto de que algunos de ellos ya han visto embargadas sus nóminas.

El Ayuntamiento de Palma hace responsable de este disparate a la empresa concesionaria, la sociedad Correo Inteligente Postal (CIP), que desde el año 2019 se ocupa de la notificación de multas de tráfico en la capital balear. Al parecer, la empresa no cuenta con los recursos suficientes -logró la concesión tras haber prestado servicio en municipios mucho más pequeños de la Península- y el propio Ayuntamiento optó, primero, por sancionar a CIP y, después, por cambiar de notificador, ya que a partir del próximo 1 de abril será Correos quién reparta las sanciones.

La reacción de Cort ha sido lógica, aunque la penalización a la empresa que ha provocado graves irregularidades apenas llegaría a los 2.500 euros por incumplimiento deficiente del contrato. Pero mientras se debate este tema de la concesionaria, los centenares de afectados siguen sin ver solución a su problema. Cort no sólo no ha mostrado empatía con estos ciudadanos sino que dio por buenos los argumentos de la concesionaria cuando ésta mostró, como prueba del reparto, la geolocalización de sus carteros "en la misma zona" donde se encontraban los domicilios de los infractores a los que había que notificar la sanción. Sin más pruebas.

Cort ha dado una solución a la entrega de las sanciones futuras, pero su actuación con las que son objeto de la polémica sigue sin resolverse, con gran perjuicio para los afectados. Y mientras tanto, la hacienda municipal hace sus planes de recaudación para este año; concretamente, prevé el ingreso de 29 millones de euros por multas de tráfico, siete más que el año pasado.

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