Hay asignaturas pendientes antes de limitar a 80 la velocidad en Via de Cintura

A partir del próximo 1 de febrero, los coches que circulen por la Via de Cintura de Palma no podrán superar los 80 kilómetros por hora. La medida ha sido aprobada por el Consell de Mallorca con la intención de reducir ruidos, contaminación y accidentes en la principal vía rápida de conectividad en la capital. Para ello, el departamento insular de Movilidad e Infraestructuras que dirige Iván Sevillano ha decidido que los vehículos pasen a circular de los actuales 120 kilómetros por hora como máximo a los citados 80, reduciendo en un tercio el límite autorizado.

La medida va en línea con otras similares aplicadas con la intención de "pacificar" el tránsito rodado, como la limitación a 30 kilómetros horas en la mayoría de las calles de Palma o las recomendadas por la propia Dirección General de Tráfico para ámbitos urbanos. Existen, sin embargo, muchas dudas de la efectividad de tal medida a la hora de no provocar más atascos en la Via de Cintura, quedando, además, como una mera limitación implantada antes de atender otras alternativas útiles que favorecerían la movilidad de una ciudad como Palma.

Mejorar los accesos o acabar la Via Conectora -como segundo cinturón de Palma- son proyectos que ayudarían a mejorar esta movilidad, pero que, sin embargo, sufren de una pasmosa lentitud de ejecución o, directamente, han sido abandonados. Cabe pensar, además, que antes que convertir una vía rápida en una vía urbana más, convendría ofrecer alternativas de transporte público eficiente o aparcamientos -fuera y dentro de la capital- que restasen tráfico residual dando vueltas en busca de una plaza y que facilitasen la movilidad de los miles de ciudadanos que dependen del vehículo privado para trasladarse.

Todo ello, sin contar con la variable que supone que no acometer determinados proyectos de carreteras restará recursos procedentes de los convenios pendientes con la administración central. Muchos millones de euros de inversión en Mallorca que significarían la ejecución de unas obras tremendamente útiles para los ciudadanos y unos puestos de trabajo nada desdeñables en la situación de crisis que ahoga la comunidad.

El Consell no debería perder de vista estos objetivos. Acudir sólo a la prohibición y no atender las alternativas necesarias alimenta la imagen de que existen demasiados prejuicios contra el coche privado en el departamento de movilidad; un departamento que, tras el fiasco de la ITV, no concita demasiada confianza sobre su capacidad de dar soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos que administra.