Ha llegado la hora del cambio

La pandemia del coronavirus que nos afecta es ante todo una catástrofe humana, pero también es una prueba de fuego para el Estado. En una reciente entrevista el profesor Francis Fukuyama fue preguntado qué es lo que determina el éxito de un país en el combate contra la pandemia COVID-19, a lo que contestó que no dependía del tipo de régimen sino de la confianza de la población en sus líderes y si estos gobiernan un Estado competente y eficaz.

El Estado Español ha venido dando repetidas muestras de disfuncionalidad desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. El denominado Estado Autonómico es algo inédito en Derecho Constitucional comparado y tanto sus deficiencias como las lagunas de diseño, no han podido ser subsanadas por la acción del Tribunal Constitucional.

El hecho de que Comunidades como Galicia, Madrid, Andalucía, Canarias, Valencia, Aragón, Cantabria, País Vasco y La Rioja fuesen capaces de tomar la iniciativa de la gestión en sus territorios, es muestra clara de fracaso del Estado. ¿Quiere esto decir que el Estado no tiene la potencialidad para haber reaccionado de otra forma? Por supuesto que sí. El vacío de poder formal, aparentemente, no ha existido, pero el poder real ha brillado por su ausencia. El resultado ha sido el fraccionamiento, de hecho, del sistema de la Seguridad Nacional.

Con la transferencia de competencias de la sanidad a las Comunidades Autónomas, hemos visto cómo el Gobierno de la Nación no ha sido capaz de gestionar con un mínimo de eficiencia la pandemia. De haber mantenido la competencia, seguro que la respuesta hubiese sido mucho más rápida y por lo tanto eficiente. Si a esto le añadimos una manifiesta falta de liderazgo del jefe del gobierno social-comunista y la carencia de gente competente en los puestos claves, entenderemos lo que ha ocurrido. Es imprescindible reflexionar sobre lo que ha pasado, identificar disfunciones y enmendar los errores. Tras lo cual hay que exigir responsabilidades y tomar medidas dentro del marco constitucional. Antes de cualquier modificación del texto constitucional, hay que aplicarlo. Es imprescindible mantener los valores democráticos. Quizás el mayor enemigo de esos valores es el supuesto garantismo, que trata de disminuir la brecha entre las normas jurídicas y la realidad a partir del aseguramiento de los derechos fundamentales bajo interpretación política partidista, algo que no significa la necesaria garantía.

Tómese como ejemplo el abuso de la libertad de expresión, algo que llega a lo grotesco. Libertad de expresión no es consentir que se ataque a la Constitución o a la Jefatura de Estado, o deformar la formula de promesa o juramento para asumir un cargo público. Si puede ser diputado o senador una persona que circunviene el acto formal de acatar el texto constitucional, ese país es una democracia de baja calidad. Esto no es libertad de expresión, es engaño.

Con el fin de garantizar la igualdad de los españoles ante la ley, la solidaridad entre territorios, el respeto a las normas constitucionales y un largo etc., habrá que aplicar la Constitución de forma que se modifiquen las anomalías presentes. Ese paso es necesario antes de afrontar cualquier reforma constitucional. Es necesario aplicar la presente, porque el texto no reconoce su reforma por la vía de los hechos.

Un paso conveniente sería rescatar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). También establecer por Ley una drástica limitación del número de puestos que los partidos pueden designar en la Administración del Estado, en las de las Comunidades Autónomas y municipios. La crisis actual nos invita a aplicar importantes recortes que la ciudadanía agradecería profundamente. Devolver al Estado los elementos competenciales exclusivos del Estado y derogar los preceptos estatutarios que las contienen. Configurar las competencias de las Asambleas Autonómicas, como órganos deliberativos y su capacidad normativa limitada a las competencias de su Comunidad. La Conferencia de Presidentes Autonómicos debe ser de carácter informativo pues la cámara para tratar esos temas es el Senado.

Caso importante es, por su gravedad, la no aplicación durante la crisis vírica de la Ley de Seguridad Nacional, norma de obligado cumplimiento. Apunté en otro artículo publicado en el mes de diciembre que el Presidente del Gobierno era “un problema para la Seguridad Nacional”. Los hechos avalan esa “profecía” ¿La causa? La llegada al poder de una inteligentsia anacrónica con ideas delirantes, que dan apariencia de un trastorno irresponsable, ya que actúan como si fuesen política y penalmente irresponsables. La receta para todo es “democracia” y el mal “fascismo”. Hay que recordar que el vocablo fascista volvió, casualmente, a la política europea tras la implosión de la URSS.

Frente lo que se veía venir, ante lo que hemos visto estos los últimos meses, la mayoría reconocemos la incapacidad del gobierno actual. No solo para hacer frente a la pandemia, sino a la pospandemia, un reto ingente que solo un líder arropado por los mejores ministros nos sacará del caos en el que nos encontramos. Millones de españoles exigimos un cambio rápido. Cuanto más tardemos más hundidos nos encontraremos.

Todo debería empezar con una moción de censura, con la designación de un líder y la consiguiente formación de un gobierno de salvación nacional por un periodo de tiempo que permita recuperar el pulso y después unas elecciones.