El IBSalut, frente al modelo canario de remuneración

El Govern y los partidos de la oposición son plenamente conscientes de la necesidad urgente e imperiosa de equiparar el complemento de residencia a los 15.000 trabajadores del IBSalut en un porcentaje similar al que se aplica en Canarias. Nadie puede dudar de la preocupante sangría de personal en la sanidad pública. Se capta a los profesionales, llegan a las Islas y acaban marchándose ante la incapacidad de afrontar los costes propios de la insularidad, el alto coste de la vida y los superlativos precios de los alquileres.

Ello ha llevado a situaciones insostenibles como la de contar con un solo alergólogo para todas las Baleares, para más de millón de personas, cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda un especialista alergólogo por cada 50.000 habitantes. En Baleares debería haber, según dicha proporción, al menos 20 especialistas, 8 sólo para Palma. Como comparativa (y una vez más con Canarias) el pasado mes de abril se ofertaron en las “islas afortunadas” 15 plazas de alergólogo (8 en Tenerife y 7 en Las Palmas). El pasado mes de noviembre, el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) ya denunció la precariedad del Servicio de Pediatría del Hospital de Manacor, al que calificó de estar “bajo mínimos”. Son solo dos ejemplos de la larga lista de problemas vinculados con la falta de personal sanitario cualificado.

Govern y oposición no pueden alegar desconocimiento de causa. El pasado miércoles fueron informados en la Comisión de Sanidad del Parlament con todo tipo de detalles y argumentos. El consenso en la petición de equiparación del complemento de residencia llega rubricado por la totalidad de la representación sindical del personal del IBSalut: SIMEBAL, USAE, CCOO, UGT, STEI, CSIF-F y SATSE. El Govern no puede parapetarse tras la eterna excusa de falta de financiación por parte del Gobierno central. Como bien recuerdan los sindicatos, el asumir el pago del complemento de residencia compete al Govern. Que dicho gasto pueda verse incluido en el REB que no llega o en un acuerdo de financiación no exime de su aplicación al ejecutivo de Francina Armengol. Equiparar dicho complemento supondría alrededor de unos 20 millones de euros anuales.

Los sindicatos resaltan que Govern y oposición ven con buenos ojos su exigencia y que en un plazo de no más de dos meses podría aplicarse la equiparación con Canarias, antes de las elecciones. Y es aquí cuando unos y otros deben demostrar la madurez política necesaria para envainar los sables que ya blanden a mano alzada en plena precampaña electoral. En juego está la prestación del servicio público de la Sanidad, algo arraigado en la sociedad española y pagado religiosamente con los impuestos de los ciudadanos. Errarían los partidos si hacen de esta cuestión una promesa electoral. Los ciudadanos corren con la parte del deber (los impuestos) y los políticos deben garantizar el derecho (la Sanidad pública).