El Gobierno contempla que el 7 de junio, fecha en la que vencería la quinta prórroga del estado de alarma que ha de autorizar este miércoles el Congreso de los Diputados, haya territorios que puedan haber concluido su plan de desescalada y acojan el levantamiento de las medidas restrictivas que afectan a la movilidad, de manera que sus residentes podrían viajar a cualquier otro punto del país. Este sería uno de los efectos de la desescalada asimétrica que ha instaurado el Ejecutivo, y que establece que el desconfinamiento avanza con mayor rapidez en unos territorios que en otros.
Así figura en el acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que el Gobierno solicita al Congreso de los Diputados que amplíe otros 15 días, hasta las 00.00 horas del 7 de junio, la prórroga del estado de alarma en todo el territorio nacional, decisión que debatirá y votará la Cámara Baja en sesión plenaria este miércoles.
En un primer momento, el Gobierno había previsto solicitar una quinta prórroga del estado de alarma por espacio de 30 días y que se hubiera prolongado hasta el 27 de junio. De hecho, esta posibilidad ha sido debatida en el Consejo de Ministros en su reunión de este martes, según ha podido constatar Europa Press. Sin embargo, un acuerdo de última hora con Ciudadanos ha obligado a cambiar la duración de la prórroga y recuperar el plazo ya habitual de 15 días.
A pesar de este cambio, el acuerdo del Consejo de Ministros contempla "la pérdida de eficacia de las limitaciones a la libre circulación para aquellas unidades territoriales que hayan completado todas las fases de desescalada, de modo que será posible para las personas que se encuentren en ellas desplazarse a cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran afectarles cuando se desplacen a aquellos territorios que aun no hubieran completado el proceso de desescalada".
CUATRO ISLAS EN FASE II
Para que esto ocurra antes del 7 de junio, es preciso que ciertas zonas avancen más rápido de lo previsto siempre que sus datos de evolución de la epidemia arrojen buenos resultados. En la actualidad, sólo la isla balear de Formentera y las canarias de El Hierro, La Graciosa y La Gomera se hallan en una etapa de desescalada superior al resto del Estado. Este pasado lunes, inauguraron la fase II y, si se mantuviera el plazo recomendado de 14 días entre los diversos períodos, concluirían la fase III el 14 de junio.
Este martes, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a defender que se respete este plazo, porque, según sus palabras, "permite medir el impacto del levantamiento de las restricciones en los contagios", dado que cubre el plazo máximo de incubación del virus antes de presentar síntomas.
Entretanto, algunos presidentes autonómicos, como el valenciano Ximo Puig, han avanzado su intención de solicitar para el acceso a la fase II a partir de la semana próxima, pese a que hace apenas unos días que la totalidad del territorio de esta comunidad autónoma ha podido entrar en fase I.
LA AMENAZA DEL REBROTE
Al mismo tiempo, en el texto del acuerdo remitido al Congreso, el Gobierno argumenta que "la sombra de un rebrote todavía es posible, tanto por posibles cadenas de transmisión internas no identificadas o controladas hasta la fecha como por la posibilidad de importación de países en los que se transmita activamente el virus a medida que se van levantando las medidas de restricción de la movilidad nacionales e internacionales".
Una vez concluida la fase de transición hacia lo que el Gobierno ha denominado 'nueva normalidad', el Ejecutivo ya avisa en su acuerdo de que será necesario "la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la ciudadanía".
Tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia el sábado pasado, en la que anunció que pediría una prórroga más, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se convertirá, a partir de la prolongación por otros quince días del estado de alarma, en la única autoridad competente delegada, poniendo fin a las funciones que hasta el momento venían desarrollando como tales los titulares de Interior, Defensa y Transportes.
El decreto introduce asimismo "la posibilidad de modular la aplicación de las medidas por parte de las comunidades autónomas, de modo que pueda asegurarse un constante ajuste de las mismas a la evolución de las distintas unidades territoriales".