Funcionarios desde casa

El Govern balear ha aprobado un decreto que regula el teletrabajo de los funcionarios de la comunidad de forma que los trabajadores públicos -incluidos los directivos- podrán trabajar desde casa hasta cuatro días por semana. Corresponde ahora al ejecutivo determinar qué puestos de trabajo quedarán excluidos de la posibilidad de acogerse al teletrabajo, así como identificar los puestos que podrán cumplir con esta modalidad.

La medida persigue facilitar la conciliación familiar de los trabajadores públicos, aunque habrá que hilar muy fino su aplicación para que la calidad del servicio público no se vea alterada, sobre todo en áreas como la sanidad, la educación o todas aquellas que requieren una presencialidad para su mejor desarrollo.

Sin entrar en mayores valoraciones, lo cierto es que la práctica del teletrabajo ha ido a la baja desde que se generalizó en los momentos más duros de la pandemia. La fórmula -que parecía la panacea para mantener la actividad en muchas empresas, incluso para revitalizar regiones de la España vaciada o ahorrar energía y evitar desplazamientos- se ha ido reduciendo.

La práctica llegó a alcanzar al 34 por ciento de los trabajadores. En 2022, sin embargo, sólo teletrabajaron (una media de tres días semanales) el 14 por ciento de los ocupados en España, lo que representó tres puntos menos que el año anterior, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En esta misma encuesta, un 67,1 por ciento de los ocupados declaró que no teletrabaja porque su puesto de trabajo no se lo permitía.

Ahora, el ejecutivo de Armengol apuesta por el teletrabajo de sus trabajadores, un colectivo que para este año electoral ya vio incrementadas sus nóminas un 2,5 por ciento. A los que asuman esta labor les pagará una parte de la cuota de la conexión a internet -0,17 euros por día- y les dotará de un ordenador para desempeñar su actividad laboral. La idea no es mala, aunque en la práctica es difícil prever cuántos funcionarios de las Islas podrán sumarse al plan, ya que la prioridad debe ser el cumplimiento y la calidad del servicio público.

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