Frente contra la okupación

En Ibiza hay una okupación cada tres días. El pasado martes la policía local de Vila pilló in fraganti a un italiano intentando usurpar una vivienda, mientras que el jueves de la semana pasada unos magrebíes okuparon una vivienda en Sant Antoni ante la mirada atónita de la Guardia Civil y la Policía, quienes no podían intervenir porque los delincuentes habían “constituido morada” tras 4 días okupando la vivienda.

La realidad es que, aunque la izquierda se tape los ojos y la nariz, la okupación se ha convertido en un verdadero problema. El año pasado nada menos que 17.000 fueron las denuncias por okupaciones ilegales en nuestro país. En ese número no se incluyen los miles de pleitos contra inquiokupas que dejan de pagar la renta y se resisten a abandonar la vivienda.

Esta situación refleja la inconsistencia de una legislación torticera y unos medios judiciales escasos para atender un drama creciente que tiene una incidencia directa sobre el mercado del alquiler. El miedo justificado de los propietarios está provocando que se retiren muchas viviendas del mercado de alquiler, incidiendo sobre el crecimiento del precio. Esto se suma a las políticas populistas y negligentes plasmadas en una terrorífica Ley de Vivienda que, permitiendo poner coto al alquiler, ha supuesto la destrucción de una cuarta parte de la oferta en Cataluña (más de 40.000 viviendas).

Por si fuera poco, esta funesta Ley alarga los lanzamientos de personas vulnerables, dejando desamparadas a las familias que tenían un inmueble alquilado y hace meses e incluso años que dejaron de percibir la renta, pero deben seguir soportando los gastos de luz, agua, IBI y comunidad. Con una escuálida administración de justicia infradotada e incapaz de garantizar los plazos procesales y con un habitual excesivo celo con morosos y okupas, el totum revolutum está servido.

Sin seguridad jurídica para propietarios, no hay estímulo de la oferta. En Sant Antoni hemos visto las consecuencias de una legislación deficiente: el pueblo se ha alzado para devolver su propiedad a Vicent Riera y a su madre. Mientras Armengol se llena la boca hablando de vivienda, retiene en el Congreso una Ley Antiokupación aprobada por el PP en el Senado que agilizaría los desalojos. Es imperativo un frente común que devuelva la cordura a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con fin de garantizar el contenido del derecho a la propiedad.