La acción de un detective privado contratado por la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma destapó en nueve días más de 800 incumplimientos a la ley contra el turismo de excesos. Los empresarios de la principal zona turística de las islas concluyen -al poner sobre la mesa estos datos y su propia percepción de cómo se ha desarrollado la temporada- que las administraciones competentes no están utilizando los instrumentos policiales y jurídicos a su alcance a la hora de aplicar de forma conveniente el Decreto Ley 1/2020, de 17 de enero, que debía acabar con el turismo incívico.
La falta de aplicación de las medidas contundentes que prevé la norma se ha traducido, un año más, en peleas, ruidos, consumo de alcohol de la vía pública, venta ilegal... El listado de acciones fuera de ley es el mismo que el de los años en que no existía la normativa actual. Esta temporada, además, los propios hoteleros de Playa de Palma han interpuesto 36 denuncias por infracciones que no han tenido ninguna respuesta sancionadora por parte de la administración.
Los dos últimos años, Govern y Ayuntamiento de Palma se han paseado por las diferentes ferias turísticas presentando la normativa antiexcesos. Como medida preventiva parece acertado, pero de nada sirve si, una vez en el destino, una parte de los turistas que acuden a zonas como la Playa de Palma siguen actuando como siempre y sus acciones no tienen ninguna consecuencia.
La inoperancia institucional es más flagrante si se tiene en cuenta que la zona donde se producen estas acciones está perfectamente delimitada y no es grande, apenas unas manzanas de la Playa de Palma. Esta circunstancia debería hacer muy sencilla la actuación policial -y las sanciones posteriores-; sin embargo, la vigilancia flaquea y resulta insuficiente. Sobre todo cuando se compara con los centenares de irregularidades detectados por un detective privado en poco más de una semana.
Las buenas cifras de ocupación conseguidas por la zona este verano -entre el 74 y el 87 por ciento- chocan con esta inoperancia en materia de seguridad por parte de las administraciones. El destino sigue siendo líder, pero no basta con cambiar las leyes y pregonar por medio mundo que se apuesta por un cambio de modelo, si en realidad no se destinan medios y voluntades para conseguir que la ley se cumpla.
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