El final del estado de alarma divide a las autonomías, que temen quedarse sin instrumentos jurídicos

El anuncio que realizó este pasado martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que el Gobierno no pretende alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo no ha contentado a comunidades como Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que se quejan de no haber sido informadas antes y que, además, consideran "prematura" esta decisión.

En el caso de Baleares, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha recordado que las comunidades ya tuvieron un periodo sin estado de alarma, durante el cual el Govern "tomó medidas y todas fueron respaldadas por la Justicia".

Para el también titular del departamento de Model Econòmic, Turisme i Treball, "el único aspecto a tener en cuenta es el toque de queda, que es una situación especial". Igualmente, ha insistido en que se debe contar con esta herramienta, porque "es importante para mantener las restricciones".

Antes de finalizar, Negueruela ha reconocido que Baleares quiere contar con "todas las herramientas posibles" para hacer frente a la pandemia. "No quiere decir que se tengan que utilizar, pero sí se quieren tener", ha reseñado.

"Estamos ante un doble salto mortal. Primero, porque no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo, y, en segundo lugar, porque tampoco tenemos una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia", ha indicado este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Para el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, es urgente que el Gobierno convoque una conferencia de presidentes autonómicos para aclararles las dudas que surgen ante esta decisión, que dejaría en manos de los tribunales la última palabra para avalar las restricciones adoptadas por las comunidades.

Feijóo quiere saber "cuál es el manual a partir del 9 de mayo, qué ocurre en ayuntamientos con incidencias elevadas, qué ocurre en ayuntamientos con riesgo alto todavía" y cuál es la "alternativa" al estado de alarma para controlar la pandemia.

En la misma línea, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha considerado la decisión de Sánchez "precipitada, no lo suficientemente madurada y no dialogada con las comunidades autónomas". Cuando "todo el peso de la pandemia ha recaído y recae sobre las comunidades autónomas", a Moreno Bonilla le hubiera parecido "sensato y razonable" que el Gobierno las hiciera "copartícipes" de decisiones como esta, con la que se pierde, a su juicio, un "instrumento poderoso" en el control de los contagios.

También valora como "prematuro" y "muy precoz" el anuncio de Sánchez la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, especialmente cuando, siguiendo su argumentacion, "no se sabe la dimensión que puede tener una posible cuarta ola de Covid".

Casado, en una entrevista en Radio Nacional, se ha preguntado en qué situación quedan las comunidades tras este anuncio y si van a tener que ser estas administraciones las que tengan que tomar de forma aislada medidas de restricción de movilidad: "¿Con qué paraguas legal?", se ha preguntado.

Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, ha puesto en duda que algunas restricciones se puedan llevar a cabo sin estado de alarma, como el cierre perimetral, que necesita, según ha destacado, de una "herramienta jurídica". Oltra, para quien la decisión de prorrogar el estado de alarma debe tomarse a partir de criterios técnicos y no por otros "secundarios", confía en que esta cuestión se consensúe entre todas las comunidades y no sea "unilateral".

Por su parte, la portavoz del gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, también ha mostrado dudas por la incertidumbre que puede crear el hecho de que decaiga el estado de alarma, sobre todo a la hora de limitar derechos fundamentales.

En esta misma línea, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, cree que hay que "abrir España" y "convivir" con el virus, pero se ha mostrado sorprendido por el anuncio de Sánchez, ya que, a día de hoy, "no está claro qué pueden hacer o no las comunidades" a la hora de establecer restricciones. Al igual que otros responsables autonómicos, Revilla ha lamentado no haber recibido, al menos, "una llamadita" del Gobierno, "después de haber mantenido catorce reuniones (las conferencias de presidentes) de tres horas y hasta de cinco".

La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha mostrado menos crítica con el anuncio porque, según ha dicho, ni a su gobierno ni al de España les ha "temblado el pulso" a la hora de tomar decisiones para limitar el avance de la pandemia. Chivite sería partidaría de plantear, en mayo, la prórroga del estado de alarma si fuera necesario a la vista de la evolución de la Covid. En su opinión, las comunidades tienen instrumentos para tomar medidas llegado el caso y ha recordado que Navarra contó con el aval de los tribunales para acordar el cierre perimetral.

Tampoco lo ve con malos ojos la presidenta riojana, Concha Andreu, quien ha abogado por no alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo "si se dan las circunstancias", como el avance de la vacunación. Para Andreu, si bien el estado de alarma es un "instrumento útil" que aporta seguridad jurídica, es también "un mecanismo legal excepcional que debe estar reservado para momentos de excepcionalidad".

EL PP OFRECE UN "PLAN B" JURÍDICO

En el debate de la prórroga del estado de alarma, que debe ser avalado por el Congreso, también han entrado este miércoles las formaciones políticas PP, Podemos y Ciudadanos. Los populares, en boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado extender la vigencia del estado de alarma "sin plantear alternativas".

Montesinos ha reiterado su oferta al Gobierno para negociar un "plan b" jurídico que permita limitar el movimiento. Sin embargo, esta oferta ha sido criticada por la líder de Cs, Inés Arrimadas, que cree que una posible ley orgánica permitiría "limitar los derechos de todo el mundo sin ni siquiera tener que pasar por el Congreso".

Por último, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido que las comunidades tienen "mecanismos jurídicos de sobra" para aplicar restricciones más allá del 9 de mayo, y ha recordado que pueden también pedir al Congreso decretar el estado de alarma en sus territorios respectivos.