Frente al edificio de Extranjería de Palma, a partir de las 11, reclamarán la mejora de las condiciones laborales del personal de la administración estatal en Baleares, después de haberse reunido sin resultado con las máximas autoridades de la comunidad autónoma, desde la presidenta del Govern a la delegada de Gobierno y responsables de los partidos políticos.
Denuncian que, en la actualidad, las oficinas de Extranjería de Baleares tienen un déficit del 60 por ciento de personal, con funcionarios de atención al público "en incapacidad temporal por estrés, con cuadros de ansiedad, por la situación que están padeciendo".
Explican que Baleares es la comunidad con el mayor porcentaje de población extranjera, el 18,74 por ciento, y también la región con la mayor presencia de distintas nacionalidades de la Unión Europea.
"Las colas, los retrasos en la gestión y la imposibilidad de hacer frente a las necesidades del servicio son una constante que se va agravando día a día y que si no se resuelve conducirá al colapso", denuncia el colectivo.
Recuerdan que el sector público estatal proporciona en Baleares servicios públicos básicos que garantizan el bienestar y la seguridad de la población en los campos de la investigación, sanidad, meteorología, defensa, administración pública, instituciones penitenciarias, Policía, Guardia Civil, Seguridad Social, justicia, hacienda, extranjería y costas.
"A pesar del número y la importancia de los servicios públicos que ofrece, este sector languidece tras años de abandono por parte de las administraciones y de los dirigentes políticos, que ha descapitalizado de empleados públicos los diferentes sectores, con el envejecimiento y la pérdida del 20 por ciento o más de las plantillas", alertan.
Añaden que esa reducción de plantillas se ha producido a la vez que Baleares ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido en población en los últimos 15 años, en más de 200.000 habitantes, un 20% de la población total, "lo que significa mayor carga de trabajo para el personal y peor servicio para los ciudadanos".
Añaden que el problema se agrava por el incremento del precio de la vivienda y el coste de la vida, "mucho más elevado que en el resto de España", que se suman a inconvenientes derivados de la insularidad como cuestiones de transporte, desarrollo familiar y personal, y la realidad lingüística. "El resultado es que se trata de un destino poco atractivo y es mayoritariamente rechazado", concluyen.
Aseguran que no se está generando arraigo en los trabajadores destinados forzosos a las Islas, que abandonan el destino asignado en la primera ocasión que pueden optar a otro territorio con menor coste de vida.
"Insularidad digna" denuncia también la falta de reposición de jubilaciones, que genera "una insostenible pérdida de conocimiento y experiencia" en los servicios públicos.
Piden "dignidad y respeto" a los que trabajan para el Estado, "por unos servicios públicos de calidad".
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