Extranjeros sin papeles en Baleares

Sin que haya cifras concretas y definitivas, se calcula que en Baleares hay 30.000 ciudadanos extranjeros con una situación no regularizada. Estos "sin papeles" se ven obligados a subsistir sin poder disponer de un contrato laboral, abrir una cuenta corriente o alquilar un piso, por ejemplo. La situación está provocada por la falta de recursos en la Oficina de Extranjería que debe realizar las tramitaciones pertinentes y cuyos funcionarios no dan abasto con el aluvión de expedientes.

Miles de personas llegadas a Baleares desde el extranjero se enfrentan a un proceso que por ley debería ser resuelto en un plazo máximo de tres meses, pero que en la práctica supera los seis o se eterniza, ya que a menudo -especialmente en los casos que señalan 'arraigo social'- la Oficina de Extranjería ni contesta. Con este panorama, la mayoría de afectados se enfrentan a una realidad de exclusión, instalados socialmente fuera del sistema.

Oportunamente regularizados, la mayoría de estos ciudadanos disfrutarían de un contrato laboral, pagarían sus impuestos y contribuirían como corresponde a mantener el engranaje social. Y para ello, tan sólo hace falta cubrir las plazas de funcionarios que hacen falta.

Se calcula que el déficit en la oficina de Palma es de un 60 por ciento del personal; una situación que tanto los afectados -las largas colas, a veces para nada, son habituales- como las asociaciones de inmigrantes o los propios funcionarios llevan denunciando hace años. Estos últimos, agrupados en el movimiento sindical "Insularidad digna" -que reúne a 15 sindicatos y asociaciones profesionales del ámbito de la Administración General del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil- convocaron en enero una concentración de protesta en Palma para denunciar la falta de personal en sus plantillas. Una reclamación que, aún, no ha sido escuchada agravando la situación cada vez más.

Y esto se produce en la comunidad que tiene una mayor tasa de población extranjera y, por tanto, donde los casos de reagrupación familiar o arraigo son más comunes. La situación debe reconducirse por el bien de los miles de "sin papeles", pero también como por el bien del resto de ciudadanos que contribuyen al mantenimiento del sistema económico y social con sus impuestos. Y sólo hace falta abrir la puerta a la contratación de un puñado de funcionarios.

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