Agredir a un policía conlleva sanciones económicas inferiores a la cuantía de una multa por estacionar irregularmente el vehículo. Así ocurre en la mayor parte de sentencias, según denuncia la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC).
A partir de los datos sobre evolución de la seguridad ciudadana en España publicados por el Ministerio de Interior, la organización ha señalado que la comisión de delitos registra actualmente “un aumento desbocado”, y que este incremento resulta perceptible en todas las tipologías.
Es este contexto, según IGC, donde se está observando, paralelamente, una tendencia al alza del número de agresiones y actos violentos contra agentes policiales, a lo que se suma, citando a esta asociación profesional, “la pérdida de respeto” hacia sus actuaciones, y “la falta de apoyo institucional y legislativo”.
14.500 CONDENAS EN 2021
Según datos del Defensor del Pueblo, referentes a 2021, ese año fueron más de 14.500 las condenas a ciudadanos por resistencia o desobediencia, así como por delitos de atentado contra la autoridad. De hecho, la media de los últimos años en cuanto a estos actos se había quedado por debajo de la cifra de 12.000, con un incremento, por tanto, del 20 por ciento, aproximadamente, en el último ejercicio del que se ha facilitado información.
A falta de que se cierren los datos de 2022, IGC vaticina que la dinámica ascendenteha seguido consolidándose, lo cual achaca a “la paulatina perdida de autoridad policial de los agentes, al rebajarse la presunción de veracidad de estos frente a los criminales”, a lo que cabe añadir, según la organización, “la falta de respeto y menosprecio por parte de ciertos sectores de la sociedad”.
IMPUNIDAD DE LOS DELINCUENTES
Bajo su punto de vista, “resulta clamorosa la impunidad con la que actúan los delincuentes, al verse, en muchos casos, amparados por la superioridad numérica y por la soledad de la patrulla ante la tardanza en la llegada de refuerzos”.
A partir de datos apuntados por IGC, la última oferta de empleo público (OEP) en el Cuerpo de Guardia Civil, correspondiente a 2022, acoge un total de 1.671 plazas, que son 420 menos que las que se convocaron el ejercicio anterior.
Esta evolución en negativo redunda en que el colectivo “venga sufriendo, año tras año, una merma de efectivos que repercute en una menor presencia en las demarcaciones, que es todavía más grave, si cabe, en las zonas interiores y diseminadas”.
SEGURIDAD EN PELIGRO
De esta manera, en función de la explicación de IGC, “se reducen los efectivos policiales y no existen refuerzos cercanos en los espacios rurales, ya que, en la mayoría de casos, una sola patrulla de Guardia Civil se hace cargo de una demarcación de más de 50 kilómetros”.
Y no solo eso, sino que, según la asociación, “cada vez es más habitual que un agente deba desplazarse varios kilómetros para formar patrulla, ante la falta de efectivos, poniéndose en peligro su seguridad y comprometiendo el servicio que presta”.
PEQUEÑAS MULTAS
Entretanto, el Código Penal apenas aplica, en los episodios de desobediencia o menosprecio a la autoridad policial, “pequeñas multas para los autores de estos hechos”, que son incluso inferiores a las multas que se imponen en el caso de las infracciones a la normativa de seguridad vial. Para IGC, las estadísticas demuestran fehacientemente que “el castigo penal resulta insuficiente para contener los crecientes ataques” a estos funcionarios.
Desde Independientes de la Guardia Civil ha reclamado que la Administración tome cartas en el asunto para paliar esta deriva, y “se sensibilice” con la situación de los agentes, otorgándoles la condición de autoridad y ampliando las plantillas y los refuerzos.
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