La imputación de Truyol supera el ámbito judicial

La imputación de Neus Truyol en el caso que investiga la responsabilidad de altos cargos del Emaya y del Ayuntamiento de Palma en relación a los vertidos en la bahía de Palma marca un nuevo episodio en la vertiente judicial del caso. Truyol tendrá que declarar ante el juez en calidad de ex presidenta del consejo de administración de Emaya durante la pasada legislatura. Mayol encabezaba el órgano que marcaba las líneas de actuación que después ejecutaba la gerente, Imma Mayol, también imputada en un asunto judicial que se inició hace un año con la presentación de una denuncia presentada por un particular.

El gobierno municipal que lidera José Hila se ha apresurado a defender la gestión de Truyol, ahora al frente de la concejalía de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad. Habrá que esperar las resoluciones judiciales de un caso que lleva más un año de investigación por parte de la Guardia Civil y del que ahora se desprenden las primeras imputaciones con una lista que podría ampliarse en los próximos días.

Sin embargo, al margen del recorrido legal del asunto, es innegable el impacto político que tiene una investigación judicial de este calado en el Ayuntamiento de Palma. No parece acertado que Neus Truyol se escude en el secreto de sumario para evitar dar explicaciones públicas de su actuación a la vez que esquiva toda transparencia en sus acciones como responsable municipal. Su actual área de gestión es una de las más importantes del ayuntamiento palmesano, con proyectos como la construcción de viviendas protegidas en los terrenos de la antigua cárcel y en Son Busquets. Son proyectos de suficiente trascendencia para la ciudad como para que puedan verse entorpecidos o retrasados por la situación judicial de la responsable del área, por lo que podría valorar la oportunidad de dar un paso atrás durante el tiempo que dure la investigación.

Tampoco hay que obviar que, con el Caso Vertidos, la justicia vuelve a poner en su punto de mira a Més per Mallorca, formación que ya sufrió la pasada legislatura el Caso Contratos, la imputación del entonces alcalde Noguera a cuenta del alquiler vacacional, o la denuncia por prevaricación contra el ex alcalde de Alaró, Guillem Balboa. Todos estos casos han puesto a prueba la propia exigencia ética de Més, muy estricta cuando afectaba a otros partidos y más laxa cuando se ha tratado de casos propios. De cualquier forma, lo que parece ineludible en el caso de Truyol es una comparecencia pública que aclare si hubo o no dejación de responsabilidades, al margen de que la justicia prosiga con su investigación.