Mayol ha manifestado su "pesar" por este suceso y ha dicho que como empresa serán "implacables" y aplicarán las medidas necesarias para que esto no se repita. Además, ha destacado que tiene la "garantía" de poder decir que los procesos de contratación durante esta legislatura se están llevando a cabo de manera "impecable".
En concreto, uno de los casos se refiere a la documentación aportada por un aspirante a la bolsa de trabajo para la contratación temporal de oficiales de segunda de electricista.
El departamento de Recursos Humanos, ante las sospechas levantadas por un documento de titulación de formación profesional de grado superior, solicitó verificación a la Conselleria de Educación, que comprobó que no existía tal título.
Tras esto, se ha requerido al interesado que presente el título original o certificación de estudios. En estos momentos esta documentación no ha sido aportada, por lo que se ha abierto expediente disciplinario por la falsificación del documento mencionado.
El otro caso hace referencia a titulaciones de catalán presentadas por participantes en el concurso oposición de peones especialistas de redes.
El departamento de Recursos Humanos solicitó a la dirección general de Política Lingüística la comprobación de la veracidad de todas las titulaciones presentadas al proceso selectivo. Este organismo comunicó a Emaya el pasado viernes día 9 de noviembre, que seis de los documentos presentados son falsos. De estos seis, tres corresponden a trabajadores temporales actualmente en activo en la empresa y tres a aspirantes.
Las seis personas fueron automáticamente excluidas del proceso y se ha abierto expediente disciplinario a los tres trabajadores actualmente en activo en Emaya. Se trata de una falta muy grave por lo que una vez finalizado el expediente, si se confirman los hechos, se propondrá al Consejo de Administración el despido de estas personas.
Todos estos casos se han puesto este martes en conocimiento de la Fiscalía porque podrían tratarse de hechos constitutivos de infracciones tipificadas como delitos en el código penal vigente, como es la estafa y la falsificación de documento oficial, entre otros.
Las pruebas disponibles hasta ahora apuntan a una posible trama de falsificación de titulaciones, por lo que estas alturas ya se ha pedido a la Dirección General de Política Lingüística nuevas comprobaciones de la documentación presentada en otras convocatorias.