La Policía no escapa al vandalismo en Palma

La Policía Nacional investiga las causas del incendio que, en la madrugada del lunes, calcinó el edificio municipal de Son Gotleu que alberga la comisaría de la Policía Local, el casal del barrio y las dependencias de los servicios sociales. El fuego, con dos focos simultáneos localizados fuera del alcance de las cámaras de seguridad, es con toda probabildad el fruto de una acción intencionada que ha provocado cuantiosos daños. Ya se han contabilizado 6 coches y 25 motos de la policía de Palma que han resultado calcinados, así como numerosos desperfectos en el moviliario y servicios del local que la concejalía de Seguridad Ciudadana calcula en torno a los 500.000 euros.

La más que probable posibilidad de que se trate de una acción premeditada supone un avance cualitativo en la ola de vandalismo pirómano que ha incendiado decenas de contenedores de basuras y vehículos a lo largo de los últimos meses en barriadas de Palma, principalmente en Es Rafal y Santa Catalina. Se trata de un hecho altamente preocupante que, no sólo representa un alto coste para las arcas municipales, sino que pone en riesgo la seguridad de los vecinos y los agentes, como le demuestran las heridas que, hace apenas dos semanas, sufrió uno de los policías que intentó sofocar uno de estos fuegos.

En su última accion, este vandalismo ha acanzado a la propia policía, lo que no tranquiliza precisamente a los vecinos de Palma. Cabe esperar una rápida resolución de estos sucesos, de forma que puedan evitarse episodios similares en el futuro. Tampoco estaría de más que se abriera un debate en torno a las consecuencias para quienes ocasionan daños de este tipo. Sin revestir la gravedad de un incendio, los grafitis realizados en los vagones de la SFM no tienen prácticamente consecuencias para sus autores al no estar tipificados estos actos como daños, sino como una "falta de deslucimiento"; una falta que sin embargo tiene un coste de limpieza para la compañía que asciende a 40.000 euros anuales. Por su parte, la reposición de contenedores quemados significa otro gasto de 250.000 euros al año.

Se trata de erradicar la sensación de que el vandalismo en su conjunto, desde el incivismo más banal hasta el delito más grave, pueda quedar impune. La gran alarma social que despiertan este tipo de sucesos requiere de mayor vigilancia policial y de un mayor esfuerzo preventivo y de investigación, así como de una acción ejemplarizante con aquellos que sean identificados como sus autores. Hay que extender la sensación de seguridad de los vecinos en sus propios barrios y en sus propias casas.