El sector sanitario se moviliza en Balears contra el decreto del catalán en la Sanidad pública

UN DIRECTIVO SE DESMARCA DE LA CONSELLERIA

Una de las sorpresas en las reivindicaciones la ha generado el director del Área de Salud de Menorca, Antoni Gómez Arbona, que en una entrevista en IB3 Ràdio ha rechazado este martes que el catalán se considere un mérito y a alertado de las consecuencias que cree conllevará la aplicación del decreto. Gómez Arbona se ha desmarcado de la consellera Patrícia Gómez. Considera que con el decreto en vigor se dificultará la llegada de médicos (en este caso a Menorca) lo que agravaría la doble insularidad.

OFENSIVA EN REDES SOCIALES

Desde Menorca, los sanitarios han lanzado una recogida de firmas en la plataforma social Change.org que ya ha recogido casi 10.000 firmas. En la petición se dice: “el Govern Balear quiere que los sanitarios tengan el certificado de Catalán, para poder opositar y trabajar. Pero, ¿ los políticos tienen dicho certificado? Todo es política. Si hay cambio de gobierno, ¿será igual? . En estos momentos hay profesionales (médicos, dues, tcae, celadores) que lo estamos pasando muy mal, ¿tendremos que dejar nuestro puesto de trabajo? Está bien conocer la lengua Catalana, la cultura y las costumbres de Baleares. Los usuarios son los perjudicados, ellos quieren curarse y ser bien atendidos.”

También en Menorca, y para todas las Islas, se ha organizado un grupo de Facebook (Mos Movem! En Marcha! Let’s go!) que consta de casi 4.000 personas que dejan bien claro que no son anticatalanistas, si bien no quieren que el catalán sea un requisito en la Sanidad.

LA PROPUESTA DE SIMEBAL

Simebal propone que los médicos puedan acreditar el conocimiento del catalán mediante “una conversación con Tribunal de selección o gerencia correspondiente”. En todo caso, insisten, la exigencia del catalán no puede ser retroactiva y no podría aplicarse a quien “en la actualidad presta servicios, o que haya prestado servicios, durante un periodo superior a un año”.

El sindicato mantiene que debe prevalecer el derecho constitucional a la protección de la salud a las políticas lingüísticas que podrían afectar la calidad del servicio sanitario “por la desincentivación que comporta el proyecto para muchos profesionales de otras áreas lingüísticas, lo que conllevará dificultades para puestos”. Apuntan que el decreto también es anticonstitucional pues vulnera el artículo 139.2 de la Carta Magna en el que se dice que “ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas”.