El propietario del chiringuito de Cala Varques se niega a desmontarlo

El departamento autonómico ha remitido a la Fiscalía los dos expedientes administrativos relativos al bar ilegal, después de haber constatado hasta en tres ocasiones la negativa del propietario de la instalación a desmontarla, como ordena la resolución de conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del pasado 17 de abril, donde se adoptaban medidas provisionales urgentes.

Estas medidas provisionales consistían en la retirada de las instalaciones, el cese de la actividad de venta de bebidas y comida, así como del depósito de los bienes muebles asociados a esta actividad.

El documento ya advertía al responsable de que se abstuviera de llevar a cabo la instalación de la cantina sin las autorizaciones respectivas, advirtiéndolo de que la desobediencia podía dar lugar a la correspondiente responsabilidad penal o administrativa.

La resolución de adopción de medidas cautelares fue ratificada el 13 de mayo, en otra que daba inicio a un procedimiento sancionador en materia de espacios de relevancia ambiental contra el responsable de la cantina y en la cual se le insta a desmantelar las instalaciones.

Agentes de medio ambiente levantaron diez actas entre los días 13 y 27 de abril donde se constata que el bar no ha sido desmontado. En tres de ellas se reflejó que el propietario manifestó explícitamente que no lo desmontará.

El dueño del bar alegó que la cantina es su domicilio, por lo que los agentes de medio ambiente no pueden actuar, dado que pasa a ser una competencia de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, porque se trata del dominio público marítimo-terrestre.

Debido a la voluntad persistente y negativa al desmantelamiento de las instalaciones, la Conselleria ha decidido trasladar a la Fiscalía los dos expedientes administrativos abiertos para que se estudie la posible comisión de un delito de desobediencia.

Medio Ambiente ha recordado consta un primer procedimiento contra el propietario del bar por infracción en materia de espacios de relevancia ambiental, del pasado marzo, donde se le declaró responsable de una infracción administrativa de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).

Ese procedimiento se tramitó como consecuencia de diferentes actas de denuncia de agentes de la guardia civil y de agentes de medio ambiente. En la resolución se le impuso una multa de 100.000 euros y la obligación de restaurar el medio natural al estado original.