El peor momento para subir impuestos

El hachazo fiscal que prepara el Gobierno central llega en uno de los peores momentos. La fórmula elegida por el ejecutivo de Pedro Sánchez para poder recibir los 80.000 millones de subvenciones europeas hasta 2023 incluye como condición una batería de medidas que suponen la subida de impuestos, el cobro de peajes o el incremento de las tasas aeroportuarias, entre otras muchas decisiones que tocan de lleno los bolsillos de las clases más populares del país.

El informe enviado por el Gobierno a la Comisión Europea -y que se ha ido conociendo con cuentagotas durante los últimos días- apunta subidas que afectarán a todos los contribuyentes como son las que se quieren aplicar en el IRPF, y otras muchas que afectarán a millones de ciudadanos, como la aplicada a los propietarios de vehículos, el impuesto al diésel o el pago de peajes en las autovías. También se prevé el incremento de las tasas aéreas, lo que ha sido ampliamente criticado por las aerolíneas y los agentes turísticos, al considerar que tal decisión lastrará el despegue de una de las actividades más perjudicadas por los meses de restricciones a la movilidad.

Nunca es buen momento para las subidas de impuestos, pero el actual parece de los peores. Las economías domésticas atraviesan momentos de profunda incertidumbre y gravarlas con más impuestos y nuevas tasas no contribuirá a dinamizar las actividades económicas y sociales del país. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno argumenta que el objetivo es acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno. En este sentido, el documento recuerda que el volumen de los ingresos públicos en España es 7,3 puntos del PIB inferior a media de los países de la Eurozona. Sin embargo, esta intención de homologarse con nuestros vecinos en términos de tributación no aparece cuando comparamos niveles salariales o dotación de servicios.

Otros estados han optado por bajar los impuestos mientras España apuesta por lo contrario. El Gobierno debería analizar las posibilidades de contener el gasto superfluo, el que no afecta a los servicios públicos esenciales pero que tampoco contribuye directamente a estimular la actividad económica del país. Todo, menos subir subir impuestos a la inmensa mayoría de ciudadanos. De no ser así, el escenario por venir puede ser de gran tribulación y mucho desgaste, entorpeciendo la recuperación económica y desincentivando numerosas actividades.