El peligro de las denuncias anónimas y sin pruebas

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez, fue denunciado de forma anónima, a través de un canal interno, por supuestamente maltratar psicológicamente, amenazar y coaccionar a tres trabajadores públicos de su departamento.

Vulnerando la presunción de inocencia de forma flagrante, PSOE y Més per Mallorca exigieron, incluso antes de que el denunciado ofreciese alguna explicación, su dimisión del cargo de conseller, dando total veracidad a una denuncia anónima que resultó ser una acusación infundada y sin rostro.

Aunque la investigación interna concluyó con el archivo del caso al no hallar pruebas que sustentaran las graves acusaciones de abuso, maltrato e intento de agresión, la oposición de izquierdas insiste en pedir su dimisión, alimentando una narrativa sin base probatoria.

Las denuncias anónimas, si bien pueden ser un mecanismo para proteger a víctimas en situaciones de extrema vulnerabilidad, también se prestan al abuso y la manipulación, convirtiéndose en un arma arrojadiza con el potencial dañino suficiente para destrozar la reputación del denunciado, sin la menor posibilidad de defenderse.

Rodríguez ha señalado que la denuncia en su contra fue malintencionada, lo cual resulta evidente, ya que toda denuncia anónima carece de la responsabilidad que implica dar la cara y sostener las acusaciones con pruebas fehacientes.

Usar denuncias anónimas como herramienta de desgaste político es una práctica irresponsable y muy dañina para las instituciones democráticas

En este caso, se ha determinado que no existían elementos que justificaran continuar con la investigación. No obstante, la oposición de izquierdas parece más interesada en mantener la sospecha que en aceptar la verdad de lo sucedido. Su estrategia en este asunto se basa en la premisa de que la mera existencia de una acusación, por infundada que sea, justifica la dimisión de un cargo público. Esto supone un peligroso precedente, ya que permitiría que cualquier político fuera apartado de su puesto sin necesidad de pruebas ni de un proceso justo.

La política no puede convertirse en un circo de acusaciones sin fundamento. Si existe un caso real de abuso o maltrato, debe ser investigado por la Justicia con rigor, garantizando tanto la protección de las posibles víctimas como el derecho a la defensa de los acusados. Pero usar denuncias anónimas como herramienta de desgaste político es una práctica irresponsable y muy dañina para las instituciones democráticas. La oposición haría bien en ceñirse a los hechos en lugar de difamar y sembrar sospechas con fines partidistas.