El caso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, con la desafortunada rotura accidental de la fotografía de Aurora Picornell durante el pleno del día 18 de junio del año pasado, está a la espera de una decisión del titular del Juzgado de Instrucción número uno de Palma, quien una vez finalizada la instrucción y oídas las partes personadas, debe archivar el procedimiento o acordar la apertura de juicio oral.
Las acusaciones ejercidas por Memoria de Mallorca y el colectivo 'Estimada Aurora', además de los familiares de Aurora Picornell, de las hermanas Antònia y Maria Pascual y el Partido Comunista, consideran que el único investigado en la causa, el diputado de Vox, Gabriel Le Senne, debe ser juzgado por un delito de odio. Por el contrario, la defensa pide el sobreseimiento de las actuaciones, dado que no hubo intención de humillar a nadie.
Conviene recordar que el presidente del Parlament, tras romper la imagen de la histórica militante antifranquista, pidió disculpas de manera inmediata y reiterada, insistiendo en que no hubo ningún propósito ofensivo en su acción. Sin embargo, la posibilidad de que Le Senne acabe siendo juzgado por un tribunal es cierta, si las acusaciones particulares y populares persisten en sus imputaciones contra Le Senne.
El presidente del Parlament, tras romper la imagen de la histórica militante antifranquista, pidió disculpas de manera inmediata y reiterada, insistiendo en que no hubo ningún propósito ofensivo
Al margen de lo anterior, conviene distinguir entre la intencionalidad y el resultado fortuito de una acción. El arrepentimiento mostrado por Le Senne y sus disculpas públicas son aspectos a tener en cuenta. Sin conocer todavía la calificación del Ministerio Fiscal sobre si concurre algún ilícito penal en este caso concreto, forzar un juicio por delito de odio puede interpretarse como una instrumentalización política de la justicia.
Es preocupante que la crispación política existente, sobre todo en ciertos asuntos sensibles como son la memoria histórica y la Guerra Civil, vaya a desembocar en la judicialización de un incidente desafortunado, en cierto modo provocado por las dos diputadas socialistas de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido y Pilar Costa, y por el que Le Senne ya reconoció no haber estado acertado al quitar él mismo las fotografías exhibidas por aquellas.
Aunque es comprensible el malestar causado por la acción del presidente de la cámara, también es justo reconocer su arrepentimiento y la ausencia de dolo. La Justicia tiene la responsabilidad de actuar con proporcionalidad y de no ceder a presiones que puedan comprometer su independencia. La memoria de Aurora Picornell merece respeto y dignidad, pero también merece respeto la presunción de inocencia de todo encausado, también en este caso, cuando el querellado se ha disculpado, ha mostrado arrepentimiento y no ha verbalizado ningún sentimiento contrario a las víctimas de la represión franquista.