La convocatoria de ayudas a medios de comunicación que emiten en catalán se ha resuelto con la sorprendente exclusión de la Televisió d'Eivissa i Formentera (TEF). La Conselleria de Cultura del Govern ha decidido descartar de su plan de ayudas la televisión que durante 24 años ha estado emitiendo en catalán en las Pitiusas y que ha llegado a convertirse en la principal referencia de televisión de proximidad en Ibiza y Formentera, compitiendo, y en ocasiones superando, a la pública IB3.
Los responsables de la TEF se han declarado víctimas de un acto de discriminación y han decidido protestar emitiendo este martes, y por primera vez en su historia, un informativo íntegramente en castellano. La acción podría quedar en el terreno de las anécdotas si no fuera por el profundo daño que una exclusión de este tipo provoca en una empresa privada que lleva arriesgando sus propios recursos durante tres décadas; y a la que posiblemente le hubiese resultado más rentable emitir desde el principio sus informativos en castellano. Su labor de difusión de la lengua catalana en Ibiza no sólo es mayor que muchas otras iniciativas oficiales costeadas con dinero público, sino que se produce en un entorno muy condicionado por influencias externas donde la defensa de la cultura tradicional debería ser tenida en cuenta.
Es difícil, por no decir imposible, que la consellera de Cultura, Fanny Tur, de origen ibicenco, desconozca la labor lingüística que la TEF viene desarrollando desde hace años; por lo que sería peligroso que en la decisión de su departamento hubiesen pesado otros condicionantes. En todo caso, Fanny Tur tendrá que explicar muy bien los motivos de la exclusión de la TEF en la convocatoria de subvenciones.
La consellera debe entender que las ayudas van destinadas a fomentar un hecho concreto, como es la promoción de la lengua, y no a premiar a personas o empresas determinadas. No conviene que se pueda sospechar que las subvenciones se ortorgan en función de las simpatías políticas o editoriales. Por ello, el Govern debe despejar cualquier duda sobre su politica de subvenciones y rectificar, si procede, aquellas actuaciones que se adviertan manifiestamente equivocadas.