El Govern acierta en recurrir el reparto de menas: 30 para Cataluña y 59 para Baleares

El Govern de les Illes Balears, presidido por Marga Prohens (PP), ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que impone el reparto de menores migrantes no acompañados. Actualmente, Baleares acoge a 573 menores, lo que supone una ocupación del 1.023 por ciento de su capacidad disponible, establecida en 56 plazas. Esta situación evidencia la sobrecarga insostenible que soportan los centros de acogida en las islas.​

El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y Junts per Catalunya, partido que lidera el prófugo Carles Puigdemont, para distribuir a aproximadamente 4.400 menores desde Canarias y Ceuta a otras comunidades autónomas, resulta arbitrario y falto de equidad. Mientras Baleares, con recursos limitados, se ve obligada a aceptar 59 menores, Cataluña, una comunidad mucho mayor y con más recursos, acoge a menos de 30. Esta disparidad demuestra la total ausencia de objetividad y justicia del reparto. ​

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha manifestado que es "materialmente imposible" para Baleares asumir la llegada de más menores en estas circunstancias. La falta de infraestructuras y recursos adecuados no solo compromete la calidad de la atención que se puede brindar a estos jóvenes, sino que también pone en riesgo su bienestar y el de la propia sociedad de acogida. ​

Imponer cargas desproporcionadas a regiones ya saturadas, como Baleares, no es una solución viable ni sostenible

El Gobierno central debe reconsiderar su decisión y establecer criterios de reparto que reflejen la realidad y capacidad de cada comunidad autónoma. Imponer cargas desproporcionadas a comunidades ya saturadas, como Baleares, no es una solución viable ni sostenible. Cataluña, con una mayor capacidad y recursos, debería asumir una responsabilidad acorde a su situación y el Gobierno central no debiera someterse a los caprichos de JuntsxCAT, por mucho que Pedro Sánchez necesite los votos de esta formación para mantenerse en el poder.

La solidaridad entre comunidades es fundamental, pero debe basarse en principios de equidad y justicia. Y Baleares, sumida en una crisis de llegada de inmigrantes irregulares en patera a través de la ruta clandestina con Argelia, no puede asumir más menores sin poner en peligro la integridad de su sistema de acogida. Es hora de que el Gobierno central escuche las legítimas preocupaciones del Govern balear y ajuste sus políticas para garantizar una distribución más justa y efectiva de los menores migrantes no acompañados.