El reglamento de desarrollo del régimen fiscal especial de Baleares sigue en proceso de elaboración y comenzará con el trámite de consulta pública previsto por la ley, según ha respondido el Gobierno central al diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, tras haber formulado éste una pregunta por escrito sobre medidas tributarias y no tributarias.
En el documento, el Ejecutivo estatal recuerda los presupuestos de los últimos años han recogido diversas dotaciones presupuestarias para medidas del Régimen Especial de las Islas (REIB), que, además, se han ido incrementando. Así, en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se contemplaba la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica con una partida de 645,8 millones de euros para atender el extracoste de generación de energía eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
También se incluyó la bonificación del transporte aéreo y marítimo de personas con sendas partidas "para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por vía marítima, así como por los traslados interinsulares en Baleares" por importe de 50,7 millones de euros y "subvención al tráfico aéreo regular entre la península y el archipiélago así como entre las Islas Baleares" con una cantidad de 215 millones de euros.
Al mismo tiempo, las cuentas contemplan la declaración de obligación de servicio público o contratación pública del transporte aéreo y marítimo de personas y, en concreto, una dotación de crédito destinado al 'Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer Obligaciones de Servicio Público en Menorca', con una cantidad de 1,8 millones de euros.
La respuesta del Gobierno señala también que en los PGE hay compensaciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías, con una cantidad de cinco millones de euros para el crédito destinado a la 'Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente'.
En relación al Factor de Insularidad, el Ejecutivo central recuerda que se configura como el instrumento financiero destinado a asegurar la debida compensación de las consecuencias económicas inherentes a la discontinuidad territorial que implica el hecho insular, especialmente en materia de inversión pública.
Recuerda de este modo que en septiembre de 2021, la Comisión Mixta acordó la metodología de cálculo de la dotación inicial y su importe, de manera que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se incluyó la dotación para dicho ejercicio del Factor de Insularidad por importe de 109,66 millones de euros, más 73 millones en concepto de regularización de los ejercicios de 2020 y 2021.
Posteriormente, se realizó el cálculo del índice de actualización para el ejercicio 2023, de manera que la cuantía correspondiente a la dotación del FIIB para este año fue de 103,82 millones de euros. En estos momentos, dice el Gobierno central, se está trabajando en el cálculo del índice de actualización para el ejercicio 2024, de manera que el importe resultante se pueda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año.