El escándalo de los 5,5 millones de euros de ayudas Covid indebidamente concedidas

La noticia desvelada por mallorcadiario.com de que el Govern de Francina Armengol otorgó 5,5 millones de euros en ayudas COVID a 19 empresas, a pesar de contar con informes negativos de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB), es un auténtico escándalo que plantea serias dudas sobre la gestión de fondos públicos por parte de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que entre 2019 y 2023 dirigió el actual portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela.

El PSIB-PSOE ha minimizado la gravedad del asunto, argumentando que estos 5,5 millones representan una fracción ínfima de los 850 millones totales destinados a ayudas. Sin embargo, este planteamiento resulta poco riguroso cuando se trata de la gestión de dinero público. Cada euro mal asignado socava la confianza ciudadana en las instituciones y priva de recursos a quienes realmente los necesitan y tienen derecho a ellos. ​

Es preciso que se realice una investigación exhaustiva para determinar si existieron irregularidades o favoritismos en la concesión de estas ayudas

Es particularmente preocupante que, en estos 19 casos, se emitieron dos informes desfavorables por parte de la ATIB, los cuales fueron desestimados sin una justificación técnica sólida. La ausencia de un informe que respalde la decisión de ignorar las objeciones de la ATIB sugiere una posible falta de rigor en los procedimientos administrativos y de control interno, si no algo mucho peor. ​Por cuantías mucho menores en Baleares hubo investigaciones judiciales y de la Fiscalía Anticorrupción.

Los partidos PP y Vox ha criticado duramente esta gestión. Sebastià Sagreras, del PP, ha señalado que otorgar ayudas en contra de los informes técnicos es una práctica inaceptable que requiere una explicación detallada. Por su parte, Vox ha denunciado que estas acciones perjudican a los autónomos y empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, exigiendo responsabilidades por lo que consideran prácticas clientelistas. Sin embargo, lo que no parece serio es que la respuesta ante un escándalo de este calibre sea únicamente declaraciones críticas. Se requiere de actuaciones políticas más serias en el ámbito del Parlament, para que los responsables de la asignación de aquellos recursos públicos comparezcan y rindan cuentas.

Los ciudadanos de Baleares merecen una explicación clara y detallada sobre las razones que llevaron al Govern a desestimar los informes de la ATIB en estos 19 expedientes. Además, es preciso que se realice una investigación exhaustiva para determinar si existieron irregularidades o favoritismos en la concesión de estas ayudas. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en una democracia, y cualquier desviación de estos principios debe ser corregida con celeridad y firmeza.​

Minimizar la importancia de 5,5 millones de euros mal gestionados no es aceptable. Cada caso de asignación indebida de fondos públicos pone en entredicho la integridad de las instituciones competentes y de quienes adoptaron aquellas decisiones arbitrarias, por bienintencionadas que estuvieran, aspecto que habrá de verse. Es responsabilidad del Govern proporcionar respuestas claras y tomar las medidas necesarias para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro, al margen de llevar a cabo las actuaciones necesarias para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, si procede.