Este viernes, a las 11 de la noche, el complejo MegaSport cierra sus puertas definitivamente. La decisión ha sido adoptada por la empresa después de que, el pasado miércoles, el Ayuntamiento de Palma diese 48 horas para proceder al cierre de buena parte de las instalaciones, actividades y accesos del recinto. El decreto de alcaldía supuso el punto final a un proceso administrativo en el que los responsables municipales no aceptaron ni una sola de las alegaciones presentadas por la empresa perteneciente al Grupo Cursach. Ni se consideraron los compromisos de rectificación de irregularidades, ni los de demolición de todo aquello que fuera necesario.
La decisión de Cort afecta directamente a 200 empleados y tiene tintes de persecución institucional al grupo empresarial encabezado por Bartolomé Cursach. De hecho, el cierre de MegaSport se suma al cierre temporal que se produjo en la discoteca Tito's, al cierre definitivo de la discoteca Pacha y al cierre de una parte significativa de las actividades en el recinto del MegarPark. Todo estos negocios forman parte del mismo grupo empresarial y todos estos cierres fueron ordenados durante el último año por el Ayuntamiento de Palma, por lo que resulta casi benevolente la sensación de "gran extrañeza" que esta secuencia despierta en los responsables del grupo empresarial.
Todos estos episodios se han producido durante el último año, abanderados por Cort, y coincidiendo con el periplo judicial del primer ejecutivo del grupo, Bartolomé Cursach. Antes, todos estos negocios habían funcionado con total normalidad sin haber sido requeridos por los técnicos municipales más allá de la actividad más cotidiana, y estando al frente de la administración municipal algunos de los que ahora han liderado el acoso y derribo a Cursach, los mismos que, entonces, no advirtieron ninguna irregularidad.
¿A quién quiere beneficiar el Ayuntamiento con esta decisión? Si la respuesta, como parecen apuntar, es "al restablecimiento de la legalidad urbanística y el cumplimiento de las ordenanzas", los responsables municipales se han embarcado en una procelosa misión: la de someter a igual inspección a todos aquellos locales y negocios de Palma que puedan tener deficiencias en sus instalaciones, permisos no acordes a su actividad o licencias caducadas o pendientes. De no hacerlo, la sospecha de que se está produciendo una persecución personal a los negocios de Cursach o de que se está queriendo beneficiar a terceros se acrecentará.
De momento, el acoso y derribo puesto en marcha por los responsables de Cort debe anotar en su cuenta los 800 puestos de trabajo que se pierden con el cese de las actividades de los diferentes negocios del grupo afectados. Personas con nombres y apellidos que se van al paro por una decisión que Cort ni siquiera ha entrado a debatir.