El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa, alertaba este jueves de la alarmante falta de espacio y edificios, en general, donde albergar los juzgados de Baleares. Terrasa calificaba de "crítica" la situación que afecta a las dependencias judiciales, especialmente en Palma. El presidente del TSJIB hacía estas afirmaciones cuatro días antes de que el responsable de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia se desplace a la capital balear para evaluar, in situ, la situación por la que atraviesa la planta judicial de las Islas.
El responsable ministerial podrá comprobar sin intermediarios la carencia de espacio y las condiciones en las que trabajan diariamente jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Ni el edificio de la Audiencia, ni el los juzgados de Via Alemania ni Sa Gerreria tienen unas instalaciones suficientemente acondicionadas para albergar la actividad que ya soportan todas estas instancias judiciales. Es una situación que se prolonga desde hace demasiados años y no es ajena al atasco de casos en dependencias judiciales. Según los datos hechos públicos por mallorcadiairo.com, los juzgados de la comunidad cerraron 2018 con 6.600 asuntos pendientes más que el año anterior, lo que supone un incremento del 10,9 por ciento. En total hay 67.000 casos pendientes. El trabajo se acumula.
La lentitud de la justicia compromete el sentido mismo de su papel social, por lo que es necesario la dotación de recursos suficientes para que funcione de forma ágil y eficaz. Terrasa ha reclamado un plan de edificaciones que haga posible un mejor desempeño de las tareas diarias que exige la administración de justicia. Se trata de estudiar cuántos edificios existen, qué tipo y número de órganos hay en cada edificio y cuántos se necesitan para aumentar la planta a medio y largo, según el propio Terrasa.
La idea deja entrever la posibilidad -o el deseo- de crear una "ciudad de la justicia" en Palma, al estilo de las que ya funcionan en otras capitales españolas. Un complejo en el que quepan todos los órganos judiciales, de forma que no estén diseminados. Una alternativa posible a la construcción desde cero de un complejo nuevo, podría ser utilizar el enorme antiguo edificio de Gesa, en plena fachada marítima, para reubicar los miles de metros cuadrados que requeriría un complejo judicial de tal magnitud. El edificio se encuentra protegido por Patrimonio del Consell, de forma que es imposible derruirlo ni reconvertirlo en pisos o en un hotel, ya que no se puede alterar ni la fachada ni la distribución de espacios interior. Serian necesarios acuerdos a varias bandas que, con la determinación de todos los protagonistas, podrían dar una solución más o menos rápida a un problema que ya acumula muchos años.