El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts per Catalunya para delegar las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, supone de facto que esta Comunidad Autónoma gestionare la expulsión de migrantes, los permisos de residencia y asuma el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), funciones tradicionalmente reservadas al Gobierno central, entre otras.
La gestión de la inmigración y el control de fronteras son atribuciones inherentes a la soberanía nacional. Sin embargo, este acuerdo redefine estos límites, otorgando a Cataluña una autonomía sin precedentes en esta materia, con un tratamiento exclusivo y particular que no se da a ninguna otra autonomía. Lo mismo que se hizo en materia de financiación en julio del año pasado, cuando se acordó sacar a Catalunya del régimen común, garantizando que la Generalitat recaude el cien por cien de los tributos en aquel territorio.
Esta delegación de competencias sobre inmigración no figuraba en el programa electoral del PSOE, como tampoco lo fueron los indultos y la amnistía a los líderes secesionistas del Procés
Es importante destacar que esta delegación de competencias sobre inmigración no figuraba en el programa electoral del PSOE (ni de Sumar), como tampoco lo fueron los indultos y la amnistía a los líderes secesionistas del Procés, ni tampoco el cupo fiscal catalán. La presentación de una Ley Orgánica conjunta con Junts, eludiendo informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, añade una capa de opacidad al proceso legislativo que ahora se pretende y al que se opone el Partido Popular y Vox.
Además, la postura de Podemos, socio de coalición del PSOE, que rechaza este acuerdo, pone en riesgo su aprobación en el Congreso. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado a Junts como un partido "antiinmigración", lo que evidencia fracturas internas en el bloque de la investidura.
La cesión continua a las demandas independentistas para mantener la estabilidad gubernamental es vergonzosa y una prueba palpable de la debilidad y decadencia del Gobierno
La cesión continua a las demandas independentistas para mantener la estabilidad gubernamental es vergonzosa y una prueba palpable de la debilidad y decadencia de un Gobierno progresista sostenido con el respirador artificial del separatismo y de sus chantajes para convertir Catalunya en un Estado dentro del Estado. La amnistía concedida previamente y ahora la transferencia de competencias en inmigración ilustran cómo lo que antes se consideraba inconstitucional se transforma en constitucional y altamente positivo bajo la presión política.
La transferencia de competencias en inmigración a Cataluña representa una concesión más a las aspiraciones independentistas. Este acuerdo, negociado en el extranjero y alcanzado sin el debido debate público, afecta a la política migratoria en su conjunto, a la cohesión territorial y la estructura constitucional de España. Es un paso más en el desguace del Estado constitucional que caracteriza al Gobierno del PSOE y Sumar, siempre dispuestos a cualquier cosa en tal de mantenerse en el poder con el apoyo de la derecha independentista catalana, cuyos planteamientos en materia de extranjería colisionan ideológicamente con lo que dicen defender Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
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