El 23 de febrero del presidente del Constitucional

Manuel García-Pelayo Alonso fue un destacado jurista académico de extensa obra. De convicciones férreamente republicanas obtuvo una cátedra de filosofía del derecho en 1935 en la Universidad Central, tras doctorarse con una tesis sobre la “Teoría del tiranicidio en los tratadistas españoles, como derecho de resistencia al poder arbitrario”. Seguidor de Carl Schmitt, se autocalifica de Schmittiano de izquierdas.

Seguramente por la fuerte intensidad con que vivió sus estudios no dudó en alistarse, como voluntario, en el ejército del bando republicano. Le ocurrió, como a tantos españoles, que su padre y hermano militaron en el bando contrario. No obstante, llegó a formar parte del Estado Mayor como oficial, siendo condecorado por su desempeño.

Terminada la contienda sufrió la represión en campos de concentración y cárceles hasta que fue indultado, pasando a ocupar un puesto en el Instituto de Estudios Políticos, cuyo primer responsable fue Ramón Serrano Suñer. Probablemente vivió esos años como un exilio interior, por lo que en 1951 se trasladó a Argentina, poniendo tierra, y océano, de por medio con el régimen del dictador. Allí pudo continuar, en libertad, su labor docente y académica. Luego vendría una cátedra en Puerto Rico y finalmente en Venezuela en donde permaneció hasta su jubilación en 1979.

Ese mismo año y tras elaborar un dictamen para la UCD, acepta, a pesar de no residir en España, el cargo de primer presidente del Tribunal Constitucional, como una palpable demostración de la reconciliación entre españoles en el marco de la monarquía constitucional. Un republicano de inquebrantables, profundas y bien fundamentadas convicciones fue el primer gran defensor del que ahora llaman régimen del 78.

Sin embargo, esa bella historia se torció el 23 de febrero de 1983 cuando el recién estrenado primer gobierno socialista decidió expropiar Rumasa. Con un simple decreto se expropió al mayor grupo económico del país. Una intervención precedida por una polémica indiscreción del ministro de economía y hacienda Miguel Boyer. Sin duda, más allá de las cuestiones económicas, el gobierno de entonces vio una ocasión para afianzar su poder. Nunca sabremos si fue más cara la expropiación, -y la posterior reprivatización-, que cualquier otro tipo alternativo de actuación. Aunque quizás nos da una pista el que no se haya vuelto a tomar una decisión así en ninguna de las múltiples crisis empresariales vividas desde entonces.

Por supuesto, el decreto se convalidó con una “ley ad personam” que, lógicamente, fue recurrida por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Inmediatamente trascendió a la opinión pública que la mayoría de los miembros del organismo eran contrarios al Decreto. Por lo que comenzó un juego de presiones hasta que el alto tribunal quedó dividido en dos mitades iguales. El voto de calidad de su presidente sería el decisorio.

La sentencia se hizo pública mediante una filtración a El País, unos meses después. A su presidente le constaba defenderla. Y lo cierto es que, siguiendo su extensa obra académica, y su recordado discurso de toma de posesión, cualquier puede intuir lo mal que lo debió pasar decidiendo la constitucionalidad de aquel decreto.

En cualquier caso, desde entonces quedó meridianamente claro que controlando al presidente del Tribunal Constitucional se podía situar al poder ejecutivo por encima de cualquier otra institución del Estado, incluida la mismísima La Ley.

García-Pelayo tuvo tiempo de “sufrir” otra decisión controvertida, como presidente, con la primera ley del aborto. Sin embargo, inmediatamente después volvió a exiliarse para pasar, sin pena ni gloría, sus últimos años de vida en Caracas.

Como el ejecutivo siempre desea acumular más y más poder, tras estos hechos narrados, era esperable que se intentase una mutación del Poder Judicial. Pues, tan sólo se requería una nueva bendición del Tribunal Constitucional. Eso ocurrió finalmente en 1985, cuando se implementó un sistema de cuotas a repartir entre los partidos políticos. García-Pelayo tuvo la suerte de estar ya lejos. Así que podemos recordar una de sus: “Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando de su auténtica naturaleza” [...] “ya que es el custodio supremo de los derechos y libertades”.

En fin, nos podemos preguntar ¿De esos polvos, estos lodos?, ¿No es hora de hacer memoria democrática auténtica y revisar los fundamentos de nuestra democracia?, ¿Podría ser democráticamente aconsejable evitar que las decisiones de más grueso calibre nunca recaigan sobre una única persona?