La economía va a marcar lo que reste de legislatura

El presidente Sánchez anunciaba este miércoles una "subida inminente" del salario mínimo y el mantenimiento del techo de gasto en los Presupuestos Generales de 2022 en la cifra récord de 196.142 millones de euros. En el arranque del nuevo curso político, el Gobierno quiere insuflar expectativas económicas positivas, al menos para una buena parte de su electorado, que ve cómo la recuperación puede verse seriamente comprometida.

Atender los asuntos económicos de forma prioritaria parece lógico toda vez que lo que quede de legislatura -Sánchez ya ha expresado su intención de no convocar elecciones anticipadas- va a verse condicionado sobre todo por las cuestiones que afectan a los bolsillos. España se enfrenta a un escenario marcado por una expectativa de crecimiento económico reseñable -una vez que fue el país de Europa con el PIB más afectado por la crisis- y por la llegada de los fondos europeos que deben ayudar en la reactivación de nuestra economía. Ese escenario aparentemente positivo se está viendo seriamente comprometido, sin embargo, por aspectos con la suficiente capacidad de lastrar toda posibilidad de recuperación, como son la desbocada subida del precio de la electricidad, el crecimiento de la inflación o el aumento de los precios de los combustibles.

La electricidad inició septiembre con un nuevo récord histórico del recibo que tendrán que soportar familias y empresas afectando seriamente a sus economías en un momento especialmente crítico para sus bolsillos y balances. Al coste de la electricidad se suma la escalada de los precios de los combustibles, incrementados un 30 por ciento en lo que va de año. Y todo ello acaba teniendo un efecto en la subida de los precios de productos y servicios que se ven obligados a repercutir estos nuevos costes imprevistos. Como resultado, la inflación en España se ha situado ya en un 3,3 por ciento -tres décimas por encima de la media europea- activando uno de los mayores fantasmas en cualquier escenario de recuperación.

Que estos problemas sobrevenidos no afecten a la necesaria reactivación de la economía obliga al Gobierno a actuar, tomando medidas concretas y alcanzando acuerdos con todos los agentes económicos y políticos posibles. Sánchez se juega buena parte de su futuro crédito electoral en la resolución de estos problemas que afectan directamente a las familias y a las empresas -sobre todo a pymes y autónomos-, más allá de anuncios como el del salario mínimo cuya efectividad real está por ver.