Fuentes de la Policía Nacional han informado que la investigación se inició en diciembre cuando un empresario denunció que había contratado a una empresa para realizar las obras de una vivienda en construcción y se había percatado de que los trabajadores de dicha empresa eran extranjeros en situación irregular que carecían de cualquier tipo de permiso de residencia y trabajo.
Por ello, el denunciante cesó toda actividad laboral con esta empresa, pagando los servicios prestados hasta la fecha a los propios trabajadores, momento en el que comenzó a sufrir amenazas por parte de la propietaria y el encargado de dicha empresa.
En las mencionadas amenazas exigían el pago de más dinero por los trabajos realizados, advirtiendo a la víctima por teléfono que irían a su domicilio con sus chicos, por lo que el denunciante empezó a temer por él y por su familia.
El Grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional localizó a estos nueve trabajadores, la mayoría de nacionalidad brasileña, quienes declararon que se encontraban en situación irregular en España, por lo que debido a su situación de vulnerabilidad y necesidad y con falsas promesas de legalizar su situación en España, se vieron obligados a trabajar sin contrato laboral, sin alta en la seguridad social, sin protección socio sanitaria o laboral, así como por un importe económico bastante inferior que al que se paga por dichos trabajos de construcción.
Tras estas declaraciones, se detuvo a estas dos personas por un delito de amenazas y contra los derechos de los trabajadores.
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