Crece el desconcierto ante el final del estado de alarma

El final de estado de alarma el próximo 9 de mayo supondrá también el fin del toque de queda a las diez de la noche. Así lo explicó este miércoles la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ante las numerosas dudas suscitadas al respecto tras la intervención del presidente Pedro Sánchez el día anterior. Según Montero, el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de medidas generales como el toque de queda, que requieren del paraguas legal que ha sido el estado de alarma. Y en este mismo sentido señaló que las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios.

Moncloa quiere que sea el Consejo Interterritorial de Salud quien, acabado el estado de alarma, adopte las medidas pertinentes, para lo que -afirma- existe un aval de los tribunales y una legislación ordinaria suficiente que ampararían tales decisiones. Sin embargo, crece el desconcierto sobre la seguridad jurídica y el desamparo que podrían sufrir las autonomías en este proceso. Las noticias conocidas las últimas horas abundan en este desconcierto, a la vez que cunde la desinformación en torno a las normas que se van a aplicar en esta nueva fase de desescalada.

El uso de las mascarillas en la playa, por ejemplo, volvía a la actualidad este miércoles al conocerse el nuevo borrador remitido por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas proponiendo suavizar el uso de las mascarillas en playas y piscinas, pero manteniendo que será obligatoria si se está paseando o cuando no exista la suficiente distancia de seguridad entre grupos. El debate, que parecía superado, vuelve así a primera línea y obliga a comunidades como la balear -que ya marcó una clara postura en contra- a buscar argumentos si no quiere seguir la indicación ministerial.

La DGT, por su parte, aclaraba también este miércoles que no puede sancionar a los conductores o viajeros que no utilicen mascarillas en el interior de vehículos, ya que esta es una medida sanitaria sobre la que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial no tiene competencias. Es decir, que los guardias civiles no pueden multar por tal razón cuando actúan como agentes de tráfico, pero sí pueden hacerlo si forman parte de un control que vigile las restricciones marcadas por cuestiones sanitarias.

El galimatías es tal en todos estos aspectos que es muy difícil que los ciudadanos lleguen a saber con exactitud cómo actuar al respecto, especialmente cuando concluya el estado de alarma. Sería aconsejable una armonización de todas estas normas, haciéndolas más sencillas, pero sobre todo más claras y sin grandes diferencias entre comunidades, quienes, por otra parte, necesitarán estabilidad y seguridad jurídica para poder llevar adelante la nueva desescalada.

Sería un absurdo que mejore la situación epidemiológica pero que crezca la incertidumbre entre los ciudadanos sobre cómo se ha de actuar en cada momento o, lo que es peor, que todo quede a la interpretación de los tribunales de cada comunidad.