Sa Fundació Jaume III, en un comunicado hecho público este viernes, ha explicado que "se tiene constancia de que durante los primeros meses de 2021 se han presentado más de 100 denuncias en la Oficina de Derechos Lingüísticos por ciudadanos baleares que han visto vulnerados sus derechos como hablantes de mallorquín, menorquín e ibicenco".
En el comunicado, sa Fundació explica que "semáforos de Palma que para decir apretad utilizan el catalán "premeu" en lugar de pitjau, libros de texto que para decir sombrero usan "barret" en lugar de capell, comercios que para las zanahorias usan "carrotes" en lugar de pastanagues, para la arena "sorra" en lugar de arena, para referirse a los niños "nens" en lugar de nins, hay señales de tráfico que no respetan la toponimia balear como se observa en Sa Indioteria o Es Molinar que han cambiado por "La Indioteria" o "El Molinar". Además, añade que "hay comercios que usan el catalán "si us plau" en lugar del mallorquín per favor. Rótulos del Govern balear que escriben en catalán "galleda d'escombraries" en lugar de poal des fems", son algunos ejemplos del centenar de denuncias que se han presentado.
Para esta entidad, "la respuesta de la Oficina de Derechos Lingüísticos a las denuncias presentadas ha sido siempre la misma: 'no cuestionan' el modelo lingüístico que emplean las instituciones públicas o privadas. Es decir, no piensan hacer nada para defender las particularidades lingüísticas baleares".
Por todo ello, Sa Fundació se pregunta que "¿para qué sirve la Oficina de Derechos Lingüísticos si no defiende los derechos de los hablantes del balear?. El artículo 35 del Estatuto de Autonomía dice que las modalidades insulares del catalán de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera serán objeto de especial estudio y protección. La realidad es que La Oficina de Derechos Lingüísticos incumple el Estatuto y no protege nuestras modalidades cuando son suplantadas sistemáticamente por el catalán estándar".
Ante esta situación, Sa Fundació insta a los partidos políticos de la oposición a preguntar al Govern de Francina Armengol qué finalidad persigue realmente esta Oficina de Derechos Lingüísticos "que, curiosamente, no defiende los derechos lingüísticos de los ciudadanos baleares que hablamos mallorquín, menorquín e ibicenco".
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