Degradando la presunción de inocencia

Si hay una institución esencial que, sin embargo, viene degradando desde hace un tiempo esa es la de la presunción de inocencia. Y sin ella se comprometen gravemente los derechos y libertades individuales socavando las posibilidades de convivencia armónica. Su erosión paulatina provoca que aparezcan evidentes abusos de poder que, a su vez, crean una peligrosa desconfianza en el estado de derecho.

El proceso judicial penal tiene por misión separar el grano de la paja. El peso de la ley tiene que recaer únicamente, y exclusivamente, sobre los infractores. La degradación comenzó cuando, desde la izquierda, la batalla partidista llevó a realizar acusaciones de corrupción a los adversarios, no siempre bien fundamentadas. En ocasiones, a sabiendas que los tiempos judiciales son muy dilatados, se buscaba exclusivamente la publicidad del inicio de la imputación, o investigación, procesal sin importar el fondo del asunto. Con un grado mayor de maldad, -cuando el partido denunciante ocupaba el ministerio del interior-, se permitió orquestar algunas innecesarias detenciones policiales, tras convocar a los medios de comunicación de masas afines para lograr un escarnio público inmediato, con rédito electoral.

Ante tales hechos, la reacción política, desde la derecha, no fue denunciar este tipo de impresentables tropelías, sino que se prefirió apartar, de las propias filas, a aquellos ya denunciados o susceptibles de ser denunciados. Es decir, se siguió el mismo juego. Por supuesto, de esta forma se incentivó avanzar en idéntico sendero.

Es más, cuando tras años de procesos judiciales penales llegan las absoluciones, lejos de promover actos de desagravio, se prefiere no mirar el pasado. Algo así como pasar página. El resultado no puede ser otro que alejar de la política a muchos de los podrían aportar energía y talento.

Pero la cosa no queda ahí. Pues pronto se descubrió las muchas posibilidades que tenía el llamado “delito de odio” para seguir con la perversión descrita. Ciertamente, a cualquier discrepante siempre se le puede acusar de infringir el artículo 510 del código penal aprobado en los últimos meses del último mandato de Felipe González. Ya ni hace la más mísera sospecha de corrupción, ahora cualquiera, en cualquier ocasión, puede ser denunciado y, tal vez, también procesado.

Con las leyes de violencia de género y de protección de la infancia la cuestión se embarra aún más. No sólo por las grandes dificultades, y presiones, que fueron necesarias para obtener el placet del Tribunal Constitucional, sino porque se llega a modificar el código civil, -ya en tiempos de Sánchez-, para impedir la custodia compartida a aquellos que estén incursos en un proceso penal. Proceso que se inicia con una simple denuncia. Dicho en otras palabras, desaparece la presunción de inocencia. Lo que supone afrontar los complicados procesos de separación desde una posición de ventaja y poder; saturando unos juzgados abocados a dictar, mayoritariamente, archivos y absoluciones, aunque no se atreven publicar ese dato con claridad.

Por último, y de la mano del mismo líder supremo, aparecen las amnistías y los indultos, declarados y encubiertos. Por las cuales corruptos confesos juzgados y condenados, es decir, auténticos delincuentes, dejan de serlo por una mera cuestión de poder. Más claro agua, el poder y no el estado de derecho es la auténtica garantía.

Con estos mimbres, urdidos desde la política partidista, no es extraño que cualquier denunciado sea apartado, no sólo del ámbito político, sino también del deportivo, del académico, del cultural o del vecinal, y de cualquier otro por una simple denuncia, sin necesidad de esperar al correspondiente proceso judicial. Quien esté dispuesto a realizar un abuso de poder tan sólo tiene que disfrazarse de víctima. De esta forma, la cultura de la cancelación ha encontrado un terreno abonado, destruyendo las garantías legales, y lo que es peor, la propia civilización.

Como colofón de todo lo anterior, la acción popular, cuando está fundamentada, y se respeta la presunción de inocencia, permite que la persecución del delito no sea monopolio de un ministerio fiscal jerarquizado y, por tanto, susceptible de representar los intereses de quien ostente el gobierno. Es decir, evita abusos de poder. Pero ahora se anuncia una proposición de ley orgánica para vaciarla de contenido, además, por si fuera poco, con efectos retroactivos. ¡Una nueva pérdida de derechos de los ciudadanos a la tutela judicial!

En definitiva, pienso que nos deberíamos preguntar ¿Tiene sentido contar con una supuesta legislación garantista cuando se puede utilizar a la justicia de una forma tan perversa? ¿Queremos vivir en un estado de derecho, o preferimos hacerlo bajo el dominio de la ley del más fuerte? No soy jurista, pero tengo claro lo que prefiero.