La Agencia Tributaria de Baleares y el Consell de Mallorca han acordado compartir datos sobre el cobro de la ecotasa para detectar la oferta de alquileres turísticos ilegales. Este cruce de datos permitirá identificar aquellas viviendas que abonan el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que cobran a los turistas, pero que no disponen de la preceptiva licencia.
La decisión se ha formalizado esta semana entre el Govern y el Consell con la finalidad de poner coto a una actividad que provoca, no sólo una competencia desleal con las viviendas legalmente autorizadas para tal fin, sino que genera también no pocos problemas de convivencia en algunas zonas y un efecto de saturación en momentos y zonas puntuales. ¿Si no ha habido un incremento sensible del número de plazas hoteleras en la isla durante los últimos años, qué es lo que provoca la tan comentada masificación turística las últimas temporadas?
El nuevo cruce de datos entre Hacienda y el Consell procurará un instrumento especialmente útil para la acción que desarrollan los inspectores de la institución insular, administración competente en esta materia. Hasta ahora, su labor se ha visto desbordada por el alcance del propio fenómeno, crecido al amparo de las plataformas internacionales y aplicaciones que gestionan alquileres turísticos por internet.
El goteo de expedientes -como el que al inicio del verano supuso una multa de 120.000 euros a Airbnb por comercializar alquileres turísticos ilegales- existe, pero el control pleno de la situación parece lejos de lograrse al ir siempre la administración por detrás de quienes se saltan la legislación.
Ahora, esta inercia puede alterarse al entrar en juego una nueva variable como es el citado cruce de datos. Y es que toda herramienta de este tipo será útil para impedir que siga prosperando una práctica ilegal que perjudica gravemente la convivencia y que, en gran medida, procura beneficios a empresas radicadas fuera de las islas.