Costas, unas nuevas competencias que no pueden gestionarse de espaldas al sector

En su visita a Palma esta semana, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que las competencias de costas serán transferidas a Baleares antes de concluir el año. Se trata de una larga reivindicación, pendiente de ser realizada en el marco que define el Estatuto de Autonomía, y que constituye una competencia de gran relevancia para una comunidad insular como la balear.

Que se adopten en Baleares las decisiones y trámites que ahora realiza la Demarcación de Costas dependiente de la Administracion central será, sin duda, un avance importante. Cualquier decisión que se tome lo más cerca posible de los ciudadanos por responsables con conocimiento del tema y del entorno constituye una ventaja. Así, transferir Costas al Govern mejorará la perspectiva sobre los asuntos concernidos y agilizará trámites que a menudo se eternizan -como ocurrió con las concesiones de servicios de playa- perjudicando la continuidad de numerosas actividades.

Habrá que esperar ahora no sólo los detalles negociados en el seno de la comisión de traspasos sino también, y muy especialmente, la adscripción del departamento dentro del organigrama del Govern. En el Gobierno central, la Dirección General de la Costa y el Mar depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera -PSOE-. Tendría sentido y aportaría tranquilidad a los afectados que en el trasvase de estas competencias a Baleares también se pudieran poner las bases para evitar tensiones y traumas futuros. Sin descartar la creación de una nueva conselleria, como hicieron en Galicia, exclusiva para todos los asuntos relativos al mar, encabezada por alguien que conozca a fondo el sector.

En Baleares, se teme que estas nuevas competencias recaigan en manos de partidos con una mala relación con el sector del mar, al que culpan desde la contaminación de las aguas a la desaparición de la posidonia. Y es que en este asunto, no se puede actuar únicamente con criterios ideológicos, sino que convendría ser más pragmáticos. La gestión de las competencias de costas debe realizarse de forma que se respete el equilibrio entre la preservación medioambiental, el uso óptimo de los recursos y el rendimiento económico de las actividades. Entenderlo de otra forma acarreará problemas.

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