Cosas a cambiar cuando caiga Sánchez

Muchas cosas van a tener que cambiar en la España postsanchista para que los estragos causados por el presidente más nocivo de la democracia nos permitan subsistir como una verdadera democracia liberal. Escribió recientemente Jorge Bustos, en referencia a Pedro Sánchez, que “si tu carrera se agota en un manual de resistencia personalista que lo sacrifica todo al poder, cuando pierdas el poder no te quedará nada. Ni nadie”. El problema es que resulta muy probable que tampoco nos deje nada a los demás.

Sea quien sea que gobierne España cuando caiga Sánchez, deberá afrontar varias reformas imprescindibles para que nuestro país siga siendo un Estado de Derecho y una democracia parlamentaria. Para ello, resultaría conveniente la formación de una gran coalición entre los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, dada la imperiosa necesidad de resolver una emergencia nacional inaplazable. El visible entendimiento reciente entre Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page ante las graves inundaciones de Talavera de la Reina mostró el camino a seguir. Las reformas que ambos partidos deberían acordar son las siguientes:

- Cambiar la Ley electoral introduciendo las listas abiertas, minorando la abusiva representación de los nacionalismos identitarios -exigiéndoles una representación mínima en todo el territorio nacional-, y eliminando el mandato imperativo de diputados y senadores.

- Modificar la Constitución recentralizando competencias en educación, sanidad, lengua común, política migratoria y fuerzas de seguridad; y obligando a un Gobierno que no pueda aprobar presupuestos a convocar elecciones.

- Reforzar el Estado de Derecho imposibilitando, por medio de disposiciones constitucionales, la legislación masiva por medio de Decretos-leyes, la permanente elusión de los controles al poder y la colonización política de las altas instituciones del Estado y las grandes empresas públicas.

- Replantear el papel del Tribunal Constitucional como Corte de Garantías Constitucionales, eliminando su denominación actual (no forma parte del poder judicial), suprimiendo toda intervención política en la elección de sus integrantes, clarificando su estricto papel garantista del cumplimiento de la Constitución, e imposibilitando la invasión ilegal de competencias exclusivas de casación y revisión de sentencias de otros Tribunales de Justicia que corresponden al Tribunal Supremo.

- Determinar la elección estrictamente judicial de los miembros del CGPJ, y designar los altos cargos judiciales por puro escalafón de antigüedad o por la acreditación de méritos profesionales.

- Despolitizar todos los nombramientos en la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, atribuyéndolos a las carreras respectivas y al puro escalafón profesional.

- Profesionalizar la gestión y dirección de los medios de comunicación públicos, estatales, autonómicos y municipales, desvinculando la elección de sus directivos y profesionales de los ocasionales gobiernos de turno.

- Establecer unas reglas obligatorias de gasto máximo en todas las Administraciones públicas, imposibilitando que incurran en déficit permanente y prohibiendo la libre creación de nuevos ministerios, organismos o departamentos sin necesidad real que los exija, actuando en general con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Todo bajo el principio general, vigente en cualquier economía doméstica, de que no puede gastarse más de lo que se ingresa, estando todos los aumentos de impuestos sujetos a estricto control legal y judicial.

- Y reducir el poder omnímodo de la Agencia Tributaria ante su creciente invasión de la intimidad de los particulares, frenando su insaciable voracidad recaudatoria y el riesgo de utilización de su información para fines espurios contra ciudadanos o rivales políticos (como hemos comprobado en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso).

No acometer estas necesarias reformas será poner cataplasmas a una España moribunda. Todo lo que está pasando jamás puede volver a suceder. Bajo el gobierno de nadie.