La Policía Local de Palma llevó a cabo este miércoles una operación en el antiguo centro penitenciario de la carretera de Sóller, donde residen cerca de 200 personas sin hogar en condiciones de extrema precariedad. Según explicó el alcalde, Jaime Martínez, el objeto del operativo era noticiar a los moradores del inmueble en desuso que deben abandonarlo en un plazo de diez días, a fin de recuperar la propiedad.
La realidad es que hace más de una década que la antigua penitenciaría y las viviendas de los funcionarios a ella adyacentes, están okupadas y en un profundo estado de degradación que supone un peligro para la seguridad de quienes allí residen.
No es extraño que antiguas instalaciones públicas y privadas en estado de abandono sean okupadas como vivienda habitual por personas sin techo. Es algo que sucede a menudo y no únicamente en Baleares.
Cuando estos espacios caen en el abandono, se convierten en focos de problemas sociales y de seguridad, afectando tanto a los ocupantes como a los vecinos de las inmediaciones
La responsabilidad de las autoridades no se limita únicamente a ofrecer asistencia social a quienes malviven en estos espacios, sino que también abarca la gestión y mantenimiento de las infraestructuras públicas para evitar su deterioro y uso indebido. Cuando estos espacios caen en el abandono, se convierten en focos de problemas sociales y de seguridad, afectando tanto a los ocupantes como a los vecinos de las inmediaciones.
Es necesario que las administraciones públicas desarrollen planes integrales que contemplen tanto la rehabilitación de estas infraestructuras como la provisión de soluciones habitacionales dignas para las personas en situación de vulnerabilidad.
Además, es necesario establecer mecanismos de prevención que impidan que otras infraestructuras públicas caigan en el abandono y sean susceptibles de ocupación. Esto incluye la planificación adecuada, la asignación de recursos para el mantenimiento de edificios públicos, el cierre efectivo y la promoción de proyectos que den uso a estos espacios, evitando su deterioro.
La situación en la antigua cárcel de Palma demuestra la necesidad de una actuación decidida por parte del Ayuntamiento, a quien pertenece el inmueble, para garantizar que las infraestructuras públicas no se conviertan en lugares degradados. Esto implica no solo ofrecer asistencia social a quienes lo necesitan, sino también gestionar de manera eficiente el patrimonio público, algo que los últimos equipos de gobierno de Cort descuidaron clamorosamente.
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