Bares y restaurantes han dicho basta a la política del Ayuntamiento de Palma sobre la gestión del espacio público y, muy especialmente, sobre las terrazas. La campaña "Sí a las terrazas de Palma" pretende llevar a cabo un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre el asunto, más allá de las decisiones unilaterales adoptadas por los responsables municipales. La iniciativa está impulsada por la asociación Restauración Mallorca y ha sido liderada por los empresarios de la zona de La Lonja, afectados por la obligación de desmontar sus terrazas a las once de la noche, incluso en plena temporada alta de turismo.
Cort explica que su decisión ha estado motivada para preservar el descanso de los vecinos de la zona. La realidad es que no ha habido negociación con los afectados y se ha impuesto una decisión que tiene efectos directos en la viabilidad de los negocios de la zona, en especial 18 restaurantes y bares que han visto caer en picado sus ingresos a pesar de que, sorprendentemente, nunca antes habían recibido sanciones ni apercibimientos por molestias a los vecinos.
Es difícil de entender esta decisión municipal, que hace temer una extensión de este tipo de restricciones a otras zonas de la ciudad. La alternativa a la forma de vida tradicional en las calles y plazas de Palma no puede ser la imposición por ley de una ciudad escaparate con tiendas que funcionen durante el día y calles vetadas a los ciudadanos durante la noche. Cort ha optado por la prohibición en vez de fomentar el entendimiento, como el producido hace unas semanas en Santa Catalina, donde vecinos y empresarios -al margen del Ayuntamiento- firmaron un pacto por la convivencia que satisface a todos.
Quizá por ello es oportuno darle voz a los ciudadanos y aceptar su veredicto. El consistorio que más habla de procesos participativos a la hora de tomar decisiones y decidir inversiones no puede eludir una consulta como la que proponen bares y restaurantes. El precedente del referéndum sobre las terrazas en el Paseo del Borne -que se saldó con un apoyo mayoritario a la instalación de sillas y mesas en el bulevar- no puede ser impedimento para que no se consulte ahora a los ciudadanos por temor a que trascienda una opinión diametralmente opuesta a lo dictado en los despachos.
Aún hay margen para rectificar lo iniciado por la anterior regidora Aurora Jhardi. En juego están los negocios y los puestos de trabajo directamente afectados, pero también un modelo de ciudad y una forma de vida a la que no se puede obligar a renunciar con argumentos que no reflejan la realidad.