Las patronales del comercio han alertado del incremento de la venta ambulante que se produce de forma paralela al inicio de la temporada turística. La llegada masiva de turistas va acompañada de centenares de vendedores ilegales que exponen su mercancía en los puntos de mayor afluencia de visitantes, a menudo, junto a locales comerciales que ven cómo, a pocos metros, se desarrolla una competencia ilícita contra la que poco -o nada- pueden hacer.
En el caso de Palma, la patronal Pimeco ha remitido videos y fotografías a la regiduría de Seguridad Ciudadana que demuestran la proliferación de "manteros" sobre todo en los alrededores de la Catedral y han reclamado una reunión con la concejal que está prevista para este lunes por la tarde. Los comerciantes denuncian pasividad policial y exigen que las autoridades actúen con contundencia para evitar los perjuicios que sufren.
No se trata tanto de criminalizar a aquellos que conforman el último eslabón de la cadena -el más débil y expuesto- como de actuar contra las redes que organizan este comercio ilegal explotando precisamente a centenares de inmigrantes en una clara situación de vulnerabilidad.
Para ayudar a que los "manteros" abandonen la práctica del top manta ya existen iniciativas organizadas por las instituciones y por ONGs como Cáritas. La Conselleria de
Asuntos Sociales tiene en marcha un programa de inserción que incluye una prestación económica y cursos de alfabetización y de orientación laboral. A través de esta iniciativa, medio centenar de vendedores ambulantes de Mallorca han dejado el top manta a cambio de una mensualidad con la que se comprometen a formarse e integrarse para regular su situación. El programa tiene una duración de dos años y sus participantes reciben una ayuda de 23 euros al día y otros 8 en forma de beca.
Càritas Mallorca tiene localizados a unos 230 vendedores ambulantes en la isla -mayoritariamente hombres jóvenes de nacionalidad senegalesa-, pero no se trata más que de la punta del iceberg de un fenómeno que se alimenta día a día de la desesperación de aquellos que recalan en nuestro país en búsqueda de un futuro mejor. Su vulnerabilidad es el arma que utilizan organizaciones criminales para desarrollar actividades que ocasionan un gran perjuicio a quienes se conducen dentro de la ley, pagan impuestos y hacen crecer la economía.
Es contra toda esta trama ilegal contra la que debe actuar el sistema policial y judicial, garantizando los derechos de aquellos que se mueven dentro de un marco de legalidad y castigando a quienes están fuera.
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