Chiringuitos en crisis, otra consecuencia de la turismofobia oficial

En pleno debate sobre la saturación turística -recrudecido a cuenta del veto a la promoción turística y el rechazo al plan para atraer nómadas digitales-, las consecuencias de poner trabas a determinadas actividades turísticas ya se dejan sentir. Los restaurantes de costa y chiringuitos calculan que las restricciones aprobadas por las administraciones han supuesto una caída del 75 por ciento de su facturación respecto al año pasado. La situación tiene efectos directos en las cuentas de resultados de las empresas y en las contrataciones laborales, ya que se estima que en las instalaciones más afectadas -y que no han optado directamente por el cierre- se han contratado dos tercios menos de trabajadores que los empleados en temporadas anteriores.

La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA), recientemente creada para defender los intereses del sector, sitúa el epicentro de la crisis en las restricciones impuestas desde la administración; una restricciones que han ido a más y que muestran un claro sesgo ideológico "que roza la turismofobia". En esta línea, los afectados denuncian las actitudes mostradas por algunos miembros del Govern balear, inflexibles ante sus reclamaciones, por mucho que este tipo de negocios promuevan la atracción de un turismo de calidad como el que esos mismos responsables políticos dicen defender.

Las esperanzas se centran ahora en la reunión que mantendrán el próximo día 8 con la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, a fin de buscar soluciones a esta situación. Confían en encontrar mayor comprensión que la demostrada por la Conselleria de Medi Ambient, controlada por Més. Es necesario lograr un entendimiento que evite posiciones radicales y devuelva al sector la seguridad jurídica que ha saltado por los aires con las últimas decisiones gubernamentales. Y convendría hacerlo antes de que las competencias en materia de costas sean definitivamente transferidas al Govern, un traspaso que se espera que se produzca antes de finalizar el año.

Que estas competencias recalen en Medi Ambient, conselleria que controla Més per Mallorca, no sería buena noticia para el sector, vistos los recientes posicionamientos del partido ecosoberanista en contra del turismo. Muchas pequeñas empresas y los puestos de trabajo que de ellas dependen están ej juego.

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