Una chapuza de Autoridad Portuaria que ha tenido que corregir el Supremo

Al final ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que ponga orden en la concesión del náutico de Ibiza, obligando a la Autoridad Portuaria de Baleares a realizar un nuevo concurso bajo criterios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Como adelantó este martes mallorcadiario.com, el alto tribunal rechazo el recurso de casación que presentó la abogacía del Estado contra la sentencia del TSJIB que hace un año anulaba una concesión que calificaba de "arbitraria".

El varapalo judicial se suma a la investigación abierta sobre adjudicación de amarres y licitaciones de contrataciones públicas que le costó el cargo -y la imputación- a la anterior cúpula de la APB, incluido su presidente, Juan Gual de Torrella. Cuando estalló la operación, los agentes de la Guardia Civil permanecieron más de tres horas recogiendo material en el interior de la sede portuaria de Ibiza.

Independientemente de cómo evolucione esta investigación sobre presunta corrupción, lo que ahora establece el Supremo es que se proceda con la máxima transparencia y ecuanimidad a la adjudicación de la dársena náutico-deportiva del puerto de Ibiza, unas instalaciones que el Club Náutico de Ibiza ha gestionado durante décadas y que seguía administrando desde el final de la concesión nada menos que en 2010. Poderes fácticos, partidos e instituciones remaron a favor de que se renovara la gestión al Náutico de Ibiza. Hasta se llegó a incorporar en las primeras bases del concurso el concepto de "arraigo" como mérito a la hora de elegir al nuevo adjudicatario, una circunstancia que eliminaba directamente cualquier competencia con el centenario Club Náutico de Ibiza.

Que Autoridad Portuaria volcase todo este interés, a diferencia de lo realizado para laminar toda posibilidad de continuidad del también centenario Club Marítimo del Molinar, es un interrogante que quizá con el avance de las investigaciones judiciales llegue a conocerse.

De momento, el Supremo ha dado carpetazo a seis años de batalla en los tribunales desde que una pequeña entidad como la sociedad Doce Millas se sintiera perjudicada y decidiera denunciar judicialmente el procedimiento de la adjudicación. Ahora, la entidad que preside Francesc Antich -sustituto de Juan Gual- deberá reiniciar el proceso de concurso y adjudicar la concesión sin las arbitrariedades que ha advertido la justicia. Si gana el centenario Náutico de Ibiza o una entidad como Doce Millas, que sólo sea por la calidad de su proyecto.