Cambio climático, una ley con buena intención que plantea demasiados riesgos

La Ley de Cambio Climático aprobada este martes por el Parlament balear contiene muy buenas intenciones que, sin embargo, pueden chocar con el desarrollo real de los acontecimientos. Entre otras medidas incluidas, la ley balear prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares a partir del año 2025 a la vez que prevé el cierre de las centrales energéticas que utilizan combustibles fósiles para que, en el año 2050, el 100 por cien de la energía consumida en Baleares proceda de fuentes renovables.

La ley ha sido largamente debatida en el tramo final de la legislatura, aunque diversos sectores afectados han criticado la nula atención que se les ha prestado desde la administración a la hora de tener en cuenta sus quejas y planteamientos. La oposición tampoco ha tenido mucha mas suerte en el debate parlamentario, ya que ninguna de sus enmiendas han sido aprobadas y la ley ha salido adelante con el voto favorable de los partidos de izquierda. El paso dado por Baleares ha preocupado más allá de la comunidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en una acción muy poco habitual, registró el lunes una carta en la que expresaba su negativa al texto que ha sido finalmente aprobado. El máximo órgano en materia de competencia, dependiente del Ministerio de Economía, ve importantes restricciones para diversas actividades económicas vinculadas a la venta de vehículos, las reparaciones, el alquiler de coches... Y considera que finalmente la ejecución de la nueva ley acabará perjudicando a los ciudadanos.

El propio Govern reconoce lo ambicioso que resulta el nuevo texto legal, aunque se ha mantenido inamovible en los planteamientos realizados por el anterior director general de Cambio Climático del Govern, Joan Groizard, elevado por Pedro Sánchez a máximo responsable del tema a nivel nacional.

Resulta sorprendente el empeño del Govern balear en querer adelantarse, no sólo a otras comunidades sino a otros países europeos, especialmente cuando la condición de Baleares es de una alta dependencia energética. Y resulta más sorprende si su puesta en marcha puede conllevar caída de la competitividad, cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo. Parece que son muchos los riesgos como para no haber tenido en cuenta a todos los sectores implicados, a la CNMC o a diversos organismos de ámbito europeo.