Baleares ha registrado el mayor incremento de población de toda España en los últimos diez años. Según los datos del INE, las Islas han contabilizado en este periodo un aumento del 11,18 por ciento de la población registrada, lo que supone 120.523 personas más que al inicio de la década anterior. Baleares se sitúa así muy por encima de la media nacional, convertida, sobre todo, en polo de atracción de ciudadanos extranjeros y de otras comunidades del Estado.
En este sentido, los datos del primer semestre del año que ha concluido indican que de los 10.376 nuevos ciudadanos de Baleares en ese periodo, 9.015 procedían de otros países, 1.142 han sido españoles de otras regiones y tan solo 219 corresponden al crecimiento vegetativo resultante de restar los fallecimientos al número de nacidos, con una curva descendente en el número de nacimientos que no augura capacidad de relevo suficiente en los próximos años.
Las Islas demuestran su dinamismo al superar en términos relativos al resto de regiones en su capacidad de atraer ciudadanos, alcanzando una población total que roza el millón doscientos mil habitantes. Esta circunstancia, sin embargo, vuelve a poner de manifiesto el gran reto socioeconómico de la comunidad en términos de vivienda, movilidad, infraestructuras, servicios y sostenibilidad. Porque si en diez años la población se ha disparado por encima del 11 por ciento, la adecuación de los servicios y las infraestructuras no ha seguido el mismo ritmo. Prácticamente tenemos la misma dotación que al inicio de la década anterior.
A este desfase en materia de servicios hay que añadir los efectos al alza en los precios de la vivienda, conjugado el aumento de la demanda y una insuficiente oferta.
La situación debe ser tenida en cuenta por las administraciones para adecuar los servicios a la realidad demográfica. Transportes, vivienda, sanidad, saneamiento, educación... deben ampliarse de forma suficiente para dar respuesta a un incremento poblacional que no tiene visos de parar. Cuestiones como la financiación y la compensación de los costes de la insularidad no pueden eludir esta realidad si se pretende actuar con justicia ante las necesidades de la población. Sin olvidar, además, los millones de turistas que eligen Baleares para su descanso y que incrementan -aunque sea puntualmente- la presión sobre los servicios públicos y las infraestructuras de las islas.