Baleares se opone al reparto desigual de menores migrantes que pretenden PSOE y Junts

El acuerdo bilateral y excluyente, entre el Gobierno central y Junts per Catalunya, para la reforma de la Ley de Extranjería y el reparto de menores migrantes no acompañados, asigna a Baleares la acogida de 59 menores desde Canarias, mientras que Cataluña, con una población significativamente mayor, sólo recibirá entre 20 y 30, lo que es prueba de un inaceptable trato de favor y de falta de equidad. ​

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha expresado con contundencia la imposibilidad material de asumir esta carga adicional, destacando que los servicios de acogida en Baleares están al límite de su capacidad. Es inasumible que en esta situación crítica, se pretenda imponer a Baleares una responsabilidad desproporcionada en comparación con otras comunidades autónomas, como Catalunya. Y aún más increíble resulta que PSIB, Més y Unidas Podemos critiquen al Govern, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha tratado de negociar nada con las comunidades autónomas, como acertadamente denuncia el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Si una medida similar fuera promovida por partidos como el PP o Vox, serían inmediatamente tildados de xenófobos y acusados de insolidaridad

Este acuerdo no solo es injusto, sino que también sienta un peligroso precedente de discriminación institucional. Si una medida similar fuera promovida por partidos como el PP o Vox, serían inmediatamente tildados de xenófobos y acusados de insolidaridad. Sin embargo, cuando es el PSOE quien cede a las exigencias de Junts per Catalunya, que en materia de inmigración se comporta como un partido de ultraderecha, se pretende justificar lo injustificable, obviando que la discriminación sigue siendo discriminación, independientemente de quién la promueva. ​

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha manifestado su rechazo a este reparto impuesto y ha anunciado que se recurrirá a todas las herramientas legales necesarias para defender los intereses de nuestra comunidad. Es fundamental que se escuche la voz de Baleares y se reconozca la saturación de sus servicios de acogida, que ya están desbordados atendiendo a los menores que llegan directamente a nuestras costas. De este modo, Baleares está más en la posición de repartir a sus menores que de asumir la acogida y tutela de los de otras autonomías.

Es alarmante que el Gobierno central, en su afán por satisfacer a los partidos independentistas de quienes depende, esté dispuesto a sacrificar la equidad y la justicia en el reparto de responsabilidades. Y suma postulados que en modo alguno pueden considerarse progresistas ni de izquierdas, sino netamente xenófobos, como los que defiende la formación de Carles Puigdemont.

La solidaridad y la responsabilidad compartida deben ser los pilares de cualquier política migratoria, y no pueden estar supeditadas a intereses políticos o acuerdos partidistas que perpetúan desigualdades y generan tensiones territoriales. ​

Es hora de que el Gobierno central actúe con responsabilidad y equidad, garantizando que todas las comunidades autónomas sean tratadas con el respeto y la consideración que merecen, sin privilegios ni discriminaciones.