El Gobierno no debe poner en riesgo la conectividad de Baleares

La conectividad de Baleares es un pilar esencial para su desarrollo económico y social. Las islas dependen de un transporte aéreo eficiente y accesible. Por ello, resulta alarmante que el Gobierno de España adeude 810 millones de euros a las aerolíneas que operan rutas entre las islas y la Península, derivado del adelanto del descuento del 75 por ciento en los billetes aéreos para residentes.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha alertado de que esta deuda, lejos de solucionarse, podría elevarse a 1.500 millones si el Gobierno central no actúa con celeridad. La razón es clara: los Presupuestos Generales del Estado se han prorrogado y la partida destinada a estas bonificaciones es insuficiente. Las aerolíneas, que actúan como meros intermediarios de la Administración, han adelantado ese dinero confiando en que se les reembolsaría en tiempo y forma. Pero la realidad es bien distinta: el retraso en los pagos está creando una incertidumbre innecesaria que pone en peligro la conectividad de Baleares y, por consiguiente, su economía y calidad de vida.

No puede jugarse con la conectividad de Baleares ni con el derecho a la movilidad de sus ciudadanos. La burocracia no puede ser una excusa cuando está en juego el bienestar de un territorio entero

El Ministerio de Transportes ha intentado minimizar la gravedad del problema, asegurando que la deuda es de "sólo" 300 millones y que se trata de un asunto administrativo puntual. Sin embargo, las aerolíneas y los residentes insulares no pueden vivir de promesas y declaraciones tranquilizadoras. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reconocido que hay un "problema de gestión administrativa", pero ha insistido en que no habrá un impacto futuro en la conectividad. Pero, las islas no pueden permitirse correr este riesgo, ya que cuando los problemas no se abordan con urgencia, terminan agravándose.

Las consecuencias de esta falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo pueden ser nefastas. Si las aerolíneas no reciben el dinero adeudado, es probable que se planteen reducir frecuencias, eliminar rutas o incluso encarecer los billetes, lo que impactaría directamente en la movilidad de los residentes. Baleares no compite en igualdad de condiciones con el resto de territorios peninsulares. Somos islas, y nuestro acceso al resto del país depende en gran medida del transporte aéreo. Sin un compromiso firme y efectivo del Gobierno, la desconexión es una amenaza real.

El Ejecutivo debe actuar con diligencia y liquidar esta deuda cuanto antes. No puede jugarse con la conectividad de Baleares ni con el derecho a la movilidad de sus ciudadanos. La burocracia no puede ser una excusa cuando está en juego el bienestar de un territorio entero. La solución pasa por una asignación presupuestaria realista y por agilizar los trámites administrativos. De lo contrario, el futuro del transporte aéreo en Baleares quedará en entredicho, con consecuencias incalculables para la economía y la vida de sus habitantes.