Autoinculpaciones en Catalunya

La Fiscalía se encuentra en una difícil tesitura en Catalunya tras la celebración de la consulta del 9N. Se acumulan denuncias y presiones sobre su mesa para que actúe en contra del president Artur Mas y la vicepresidenta Joana Ortega por haberse situado al frente de este movimiento ciudadano que desembocó en la colocación de miles de urnas.

Son evidentes las presiones por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que interviene a las órdenes del presidente del Gobierno, para que la acusación pública radicada en Catalunya ponga contra las cuerdas a los principales mandatarios de la Generalitat.

Pero la cuestión no es tan sencilla. No es lo mismo observar el problema catalán desde la distancia de Madrid que vivirlo en la propia Barcelona. Los fiscales saben que deben intervenir con contundencia ante hechos que repugnan a la sociedad. Pero parece evidente, en el caso del soberanismo, que lo que repugna en Madrid encandila, emociona y entusiasma a muchísimos catalanes, a tantos que con la fuerza de sus votos han dado la mayoría del Parlament y en la gran mayoría de Ayuntamientos a partidarios o simpatizantes del soberanismo.

Además, una vez que en Madrid se han realizado movimientos para que los fiscales de Catalunya intervengan, se ha comenzado a producir un fenómeno de notable trascendencia, incluso a escala internacional: las autoinculpaciones. Cargos públicos, dirigentes políticos y ciudadanos de a pie se están autorresponsabilizando de haber actuado o intervenido el 9N. El concepto de delito como hecho que ofende a la sociedad queda desnaturalizado con esta acción colectiva y demuestra que el problema catalán, ahora mismo, no es de Código Penal, sino de negociación política. Ahí está la clave.

Catalunya seguirá formando parte de España sintiéndose a gusto y compenetrada si los dirigentes de Madrid, comenzando por Mariano Rajoy, dejan a un lado displicencias y altiveces y se sientan a negociar con Artur Mas. Eso es altura de miras, sentido de la razón de Estado e inteligencia política.

Dejar un problema que afecta a centenares y centenares de miles de personas en manos de fiscales que dedican su preparación y su vida a defender a la sociedad a la que sirven, es no comprender la esencia de la democracia. Es Rajoy quien tiene que dar ahora el paso del diálogo tal y como se lo ha pedido Mas. Con generosidad, con cariño y con respeto todo es posible entre gentes de buena voluntad. Despreciando e intentando ridiculizar una consulta masiva impulsada desde las entrañas de la sociedad civil y amparada por su gobierno autonómico democráticamente elegido por el pueblo  es incidir en un error que podría conllevar consecuencias enormes, incluso desastrosas si ahora no se afrontan los hechos con cordura.

En el asunto catalán, la actual no es la hora de los fiscales, que ya llevan a cuestas su cruz con el enorme trabajo que desarrollan. Es la hora de los líderes políticos. Comprender es avanzar. Negar evidencias con tozudez y cerrazón es retroceder de manera vertiginosa y estéril.