La noticia de que el descuento aéreo del 75 por ciento a los residentes baleares se va a retrasar, en el mejor de los casos, hasta el próximo año ha caído como un jarro de agua fría sobre unos ciudadanos que esperaban su aplicación desde hace meses. La noticia llegó este miércoles por boca del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien explicó en el Congreso que la tramitación de la subvención tardará aún seis meses. Ábalos respondía a una pregunta realizada por la diputada canaria Oramas quien quería conocer, ahora que ha cambiado el Gobierno de la nación, cuál iba a ser el calendario para poner en marcha una medida que se había asegurado tendría su aplicación a partir del 1 de julio.
Las reacciones políticas en Balears no se han hecho esperar. Tanto PSOE como Podem han señalado al anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, como responsable de la situación, afirmando que mentía al asegurar que el descuento se podría aplicar este verano. Socialistas y podemitas caminan juntos después de llevar a Pedro Sánchez hasta Moncloa tras la moción de censura a Rajoy. Menos comprometidos con este acuerdo, al no ocupar escaño en Madrid, los de Més se han apresurado a reclamar una solución inmediata al equipo de Sánchez, a la vez que han solicitado una reunión urgente de los Acords pel Canvi.
Más crítico con la nueva situación, el PP ha tachado de "robo" el retraso en las bonificaciones y ha urgido a Armengol a acudir a Madrid a buscar una solución al tema. También Ciudadanos ha exigido que se cumplan las promesas hechas aunque se haya producido un cambio en el Gobierno central.
Explicaciones políticas aparte, los ciudadanos tienen derecho a que se mantenga, sea como sea, el objetivo de aplicar el descuento aéreo prometido. Los ciudadanos que de momento van a seguir soportando unos costes excesivos en sus traslados no pueden ser los paganos de un cambio en el Gobierno central ni de una mala tramitación.
Moncloa tiene en sus manos herramientas para acelerar el trámite. Se ha visto cuando, estas mismas semanas, se han adoptado con gran celeridad gestos y decisiones que convenían a la imagen pública del nuevo gobierno. Tener el BOE puede simplificar mucho las cosas por lo que no adoptar, en este caso, una solución rápida y satisfactoria no sería entendido por una ciudadanía y justificaría toda indignación.
La situación, además, compromete mucho la posición de Francina Armengol, ante los ciudadanos baleares y ante sus propios socios del Pacte. La buena sintonía entre el Consolat y el nuevo gobierno central puede verse totalmente desdibujada si no hay beneficios concretos para Balears. Mucho más, si lo que se anuncia son retrasos en cuestiones como la de los descuentos aéreos o la del propio régimen fiscal, que debeberá volverse a negociar y cuya aplicación, a día de hoy, es un interrogante. Consciente de ello, la presidenta balear se ha apresurado a pedir cita en Madrid, donde tendrá que defender los intereses de Balears sin tener en cuenta cuestiones de partido ni de oportunidad política que a los ciudadanos poco le resuelven.