Según ha argumentado desde la tribuna la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, el decreto ley 6/2021, de 9 de julio, que modifica la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales, responde a "la necesidad y urgencia de establecer un marco normativo de apoyo a la Policía Local a la hora de hacer cumplir a la ciudadanía las medidas Covid".
Garrido ha lamentado que "durante las últimas semanas, se han producido en Baleares situaciones no deseadas, que no representan el ejemplo de comportamiento que ha tenido la mayoría social de las islas, pero que ponen en riesgo la salud pública y la economía de la comunidad autónoma". Frente a ello, la consellera ha defendido que era prioritario "dar respuesta a esta situación y había que hacerlo de manera rápida y contundente, con el fin de conseguir, entre todos, frenar la expansión del virus y poder volver a buenas cifras sanitarias".
PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL
Por ello, el Govern aprobó el decreto ley que se ha validado este martes en el Parlament, con el objetivo básico de establecer las medidas pertinentes que permitan estabilizar las plantillas de las policías locales de los ayuntamientos de Baleares y llevar a cabo los procesos selectivos del personal de nuevo ingreso a través de un proceso unificado.
Igualmente, la representante del Ejecutivo autonómico ha apuntado que la normativa fija medidas extraordinarias para la selección de personal funcionario interino destinado a prestar servicios en los ayuntamientos de las islas en el área de seguridad ciudadana, con la finalidad de atender necesidades urgentes ocasionadas por la pandemia.
Esta es la razón que ha llevado al Govern a crear los 'Agentes Covid', una iniciativa que Garrido ha calificado de "extraordinaria" y que, siguiendo su argumentación, "facilitará la selección de personal para atender servicios estratégicos y garantizar los servicios públicos".
"SON AGENTES DE AUTORIDAD, PERO NO SON POLICÍAS"
En cualquier caso, la conselleria de Presidència ha aclarado que, si bien estos agentes "se configuran como agentes de autoridad, no son policías ni tienen vocación de serlo ni de suplir sus tareas". Su objetivo es, en palabras de Mercedes Garrido, "apoyar de manera temporal, hasta el 31 de diciembre de 2022, a los ayuntamientos, sobre todo en el control del cumplimiento de las ordenanzas municipales y de la normativa Covid".
Garrido ha remarcado que la creación de esta figura "responde a una demanda de los ayuntamientos de Baleares y de la Felib", y ha reconocido que este refuerzo no constituye "la mejor solución, pero sí la que se podía poner en marcha de manera más inmediata". Finalmente, ha puesto el énfasis en "el papel relevante que tienen las policías locales", a quienes ha querido agradecer su "profesionalidad para garantizar la seguridad de las personas".
VOX: "UN POLICÍA NO SE IMPROVISA"
Desde la oposición, el PP ha votado desfavorablemente el decreto ley de coordinación al considerar que "se trata de un ejemplo más de la incapacidad de gestión del Govern de Armengol", un Ejecutivo que, en palabras del diputado popular Lluís Camps, "tiene las herramientas y las competencias, pero al que le falta compromiso, liderazgo y previsión".
Camps ha reprochado a la Administracion autonómica que "no haya sido capaz de convocar el Consejo de Coordinación de las Policías Locales", y ha lamentado que se haya validado un decreto que quiere otorgar a los 'Agentes Covid' la posibilidad de "ejercer funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supondrá un aumento del intrusismo laboral, a la vez que creará indefensión jurídica".
También Vox se ha mostrado contrario al decreto ley validado al entender que "denigra" a los policías locales. A este respecto, el diputado Sergio Rodríguez ha recordado al resto de la Cámara que "un policía no se improvisa, sino que es una persona que ha de tener una formación, pasar una oposición y unas prácticas, porque esto es lo que otorga seguridad jurídica".
ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS Y GRUPO MIXTO
No todos los grupos de la oposición han votado en contra del decreto. El PI lo ha apoyado, y Ciudadanos ha decidido abstenerse porque, según ha explicado su portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, "hay serias dudas de la cobertura legal de la figura del 'Agente COVID' y, en cualquier caso, este decreto es un apaño que no aporta soluciones a medio y largo plazo". También el Grupo Mixto ha optado por la abstención.
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