Amnistía de casas ilegales

El pleno del Consell toma este jueves una decisión polémica: permitir que los propietarios de miles de construcciones ilegales de Mallorca levantadas antes de 1991 puedan legalizar la situación previo pago de una parte del valor de la edificación. Es cierto que esta amnistía puede parecer un agravio comparativo con los propietarios que cumplieron con la legislación vigente desde el primer momento. Pero por otra parte es preciso coger el toro por los cuernos y regularizar un rústico mallorquín que en épocas de permisividad ha estado a las puertas del desmadre.

Esta legalización permitirá que pueda haber un control público efectivo sobre miles de casas. hasta ahora, y por imperativos del voto, fuera de toda normativa. Durante décadas no pocos alcaldes de Mallorca han mirado hacia otra parte mientras vecinos suyos transformaban casitas de aperos en residenciales prácticamente de la noche a la mañana y sin ninguna garantía técnica oficial.

A ello hay que unir la crisis. El alquiler de viviendas rústicas por semanas o quincenas a turistas se ha disparado. Lo prueban las entradas y salidas en Son Sant Joan. Vienen muchísimos más visitantes de los que luego pasan sus vacaciones en establecimientos hoteleros milimétricamente  regularizados y que pagan religiosamente sus impuestos. Por contra, la amnistía del Consell toca de lleno la economía sumergida, modo de subsistencia de muchas familias en la actual coyuntura de depresión.

Lo importante es que los propietarios amnistiados presenten su proyecto a los Ayuntamientos, paguen lo que les corresponde para convertirse en dueños de una casa legal y la sociedad pueda tener las suficientes garantías de que estas construcciones se dedicarán a actividades legales.

Todos los ciudadanos saldrán ganando con la legalización. No es posible esconder la cabeza debajo del ala ante esa realidad. Lo verdaderamente importante es conseguir que nada ni nadie puede vivir al margen del Estado de Derecho.